El PP adoctrina a sus dirigentes para explicar su cambio de posición con el 'medicamentazo'
La posición del PP ante el medicamentazo ha variado de tal manera desde su estancia en la oposición al Gobierno que el partido ha encargado uno de sus famosos argumentarios para aclarar este giro. Las llamadas de muchos electores confundidos a la Oficina de Atención al Ciudadano del PP han forzado esta actuación, que normalmente se aplica ante asuntos muy conflictivos. El documento ideológico del PP explica las diferencias entre su medicamentazo, "pactado y complementario a otras medidas de ahorro "y el del PSOE, que tachan de "unilateral, único e insuficiente".
Relevantes dirigentes del PP, expertos en asuntos sanitarios, admiten ahora que sus posiciones en la anterior legislatura contra el medicamentazo (lista de fármacos excluidos de los recetables gratuitamente por la Seguridad Social) aprobado por el Gobierno socialista fueron, quizá, demasiado radicales. Pero el propio consejero de Salud y portavoz del Gobierno de la Junta de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago, ha recordado estos días, con el respaldo posterior de su presidente, Juan José Lucas, que la posición del PP siempre ha sido contraria a medidas como el medicamentazo. Este desliz de sinceridad ha provocado algún desconcierto en el PP. No se sabe si sencillamente el consejero se precipitó o si insinua el desmarque ante este importante asunto de una de las comunidades autonómas gobernadas por este partido de cara al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que se abordará este asunto.La confusión ha forzado la elaboración de un documento interno a distribuir por todas las estructuras regionales del PP para aclarar y explicar las diferencias entre aquel decreto firmado por un Gobierno socialista y el que podría acabar redactando el Ejecutivo que preside José María Aznar. Muchos simpatizantes del partido han llamado a su Oficina de Atención al Ciudadano para reclamar una aclaración. El argumentario pretende, además, "transmitir confianza a los ciudadanos sobre la permanencia del sistema nacional de salud".
El nuevo argumentario del PP entiende, para empezar, que el decreto del PSOE fue una medida de ahorro "legítima de un Gobierno, pero unilateral", es decir impuesta. Los populares acusan ahora a los socialistas de haberlo aplicado sólo sobre 750 fármacos y de haber dejado fuera otros mil.
Marcar distancias
Los populares se agarran además a uno de los acuerdos de la subcomisión parlamentaria de Consolidación y Modernización del Sistema Sanitario para marcar distancias con la actuación emprendida entonces por el PSOE. El PP recuerda ese soporte de la subcomisión del Congreso para resaltar que en la misma tanto CiU, como el PNY y Coalición Canaria acordaron la financiación selectiva de medicamentos.En el dictamen de la subcomisión, que abandonó el PSOE, los partidos aprobaron en su punto cuarto el desarrollo de nuevas fórmulas para la racionalización de la prestación farmaceútica. En el apartado A se especifica: "Establecer la progresiva separación entre registro y financiación por el sistema nacional de Salud de las nuevas especialidades farmaceúticas y regular la posibilidad de financiación selectiva (en algunos medicamentos tan sólo de determinadas indicaciones)".
La dirección del PP destaca, por otra parte, que el Gobierno de Aznar no aplicará solo el medicamentazo, como se achaca al PSOE, sino que lo acompañará de otros ahorros, como "los genéricos, los precios de referencia y los presupuestos individualizados de los médicos en la prescripción farmacéutica".El PP sostiene que el medicamentazo del PSOE fue una "decisión política unilateral, única e insuficiente impuesta por aquel Gobierno" y que ahora será "un acuerdo" que se fraguará la semana que viene en el CPFF entre el actual Ejecutivo y comunidades autonómas gobernadas por CiU, PNV, CC e incluso alguna del PSOE.
El argumentario popular diferencia bien entre las actuaciones "políticas" del PSOE y las "técnicas" del PP. En este sentido se indica que ahora, antes del nuevo medicamentazo que ya estiman sobre una cifra cercana a los 1.000 fármacos, se ha aprobado un decreto para disminuir 2,5 puntos los márgenes de las oficinas de farmacia y otro para rebajar los beneficios comerciales de la poderosa industria farmacéutica.
El mensaje final del argumentario ideológico concluye: "El Gobierno apuesta decididamente por el sistema sanitario público con el fundamento de negociar la calidad asistencial y la mayor financiación, pero sin repercutir en la economía de los ciudadanos".
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