El Defensor del Pueblo de Buenos Aires ayudará sobre los desaparecidos

Antonio Cartaña, Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene su propia Constitución, ha dictado una resolución en la que ofrece el Registro Civil, la Dirección General de Cementerios y el Banco de Datos Genéticos de la capital argentina al juez español Baltasar Garzón, a quien manifiesta su apoyo en la causa abierta contra militares implicados en la desaparición de ciudadanos españoles durante la dictadura (1976-83).

Cartaña destacó ayer a EL PAÍS que "somos el primer organismo oficial argentino que reconoce la competencia de Garzón: Cualquier investigación que se pida acá sobre registros públicos, la ponemos a su disposición".El pasado martes, el presidente, Carlos Menem, denunció la injerencia española en los asuntos internos, a propósito de la iniciativa del magistrado. ¿Podría oponerse el Gobierno a esa entrada en los registros, a petición de un juez extranjero? "No, nosotros tenemos facultades constitucionales para investigar dentro de archivos en la ciudad de Buenos Aires. Si lo pide Garzón lo haremos con todo gusto. Somos un organismo autónomo", declaró el Defensor del Pueblo argentino.

La resolución aprobadapor Antonio Cartaña, redactada con el visto bueno de la mayoría de los grupos de derechos humanos argentinos, señala que "la causa que se sigue en el Reino de España por genocidio y terrorismo (artículos 607 y 571 del Código Penal español) significa la posibilidad para mucha gente de obtener la justicia que se les negó en su propio país".

La causa permitirá, agrega el dictamen del Defensor del Pueblo, "saber que sus propios derechos y los de sus familiares víctimas de la dictadura son reconocidos en algún lugar del planeta y de que su vida, su libertad y su dignidad valieron y valen a pesar de los vaivenes del las conveniencias políticas argentinas, ya que reposa en valores admitidos universalmente por la comunidad jurídica internacional".

Con las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final dictadas por el ex presidente Raúl Alfonsín (1983-89) y los indultos a los comandantes concedidos por Menem concluyó el proceso contra los militares.

Justicia pasiva

En la resolución se critica la pasividad de la justicia local: "No podemos menos que ver con profundo pesar y asombro la actitud de la justicia argentina que se niega a colaborar con la Audiencia Nacional española".Antonio Cartaña cita el preámbulo de la Constitución en el que susredactores destacaron que su principal objetivo era afianzar la justicia:

"Ciento cuarenta años después los argentinos deben ir a pedir la justicia que aquí se les niega a los tribunales del Viejo Continente afrontando el desdén y los obstáculos de las autoridades de la patria".

El Defensor del Pueblo instó oficialmente al jefe del Gobierno de Buenos Aires, el socialdemócrata Unión. Cívica Radical (UCR), Fernando de la Rúa, y a la legislatura salida de los comicios del pasado domingo, a pronunciarse sobre el apoyo a Garzón. No ha obtenido respuesta hasta ahora. De la Rúa es uno de los cinco aspirantes de la Alianza opositora para las elecciones presidenciales de 1999.

Respecto al testimonio del ex capitán de corbeta Adolfo Scilingo, participante en los vuelos de la muerte, cuyo ingreso en prisión dispuso Garzón a principios de mes, la resolución agrega: "Más allá de lo que pueda pensarse de las motivaciones de este actor de uno de los aspectos más horrorosos de la represión, no puede desconocerse que por eso mismo abre una nueva instancia en la búsqueda de la verdad y la justicia".