Editorial:
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Esquizofrenia en los Presupuestos

JOSÉ BAREA, director de la Oficina Presupuestaria de la Presidencia del Gobierno, fue ayer la estrella -no invitada- del debate parlamentario sobre la Ley de Presupuestos de 1998. Con una oportunidad devastadora, el jefe de la oposición, Joaquín Almunia, citó un informe de Barea -fechado en septiembre- que constituye una auténtica bomba política. Barea considera que la política de contención del gasto y del déficit público de este Gobierno -al que él representa- es poco rigurosa y anuncia que el Presupuesto de 1997 se cerrará con un déficit "oculto" de 600.000 millones de pesetas. Esta cifra será trasladada al Presupuesto de 1998 y, en consecuencia, ese ano se producirá "un déficit de financiación adicional" por esa cantidad, que deberá ser cubierto "con recursos tributarios derivados de una nueva normativa". Es decir, si no se corrige, habrá subidas de impuestos en 1998.El contenido del informe de Barea sobre los Presupuestos para el próximo ejercicio sorprende en principio por la independencia de criterio con que está elaborado, ajeno al color político del presidente del Gobierno cuya Oficina Presupuestaria representa. Pero lo más importante es que sus cálculos destruyen la mitología cuidadosamente elaborada por el Ejecutivo según la cual era posible al mismo tiempo reducir el déficit público sin subir la presión fiscal y con los mismos niveles de prestaciones sociales. La existencia de un déficit encubierto es

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Almunia acusa al Gobierno de encubrir un déficit adicional de 600.000 millones

un severo ataque a las remilgadas declaraciones del equipo económico del Gobierno, que ha propagado la pureza contable y el rigor presupuestario.La lógica más elemental lleva a preguntar cómo es posible que las desviaciones de gastos mencionadas -si los cálculos de Barea son correctos- se hayan ocultado de forma sistemática y no se hayan conocido normalmente a través de los canales habituales de información hacia la opinión pública. El Gobierno tiene que explicar de forma rápida y exhaustiva si las cifras de la Oficina Presupuestaria son correctas y, si lo son, cómo se han ocultado. El director de la Oficina Presupuestaria ha sido utilizado frecuentemente como un emisor, Casi siempre inoportuno, de globos sonda sobre decisiones delicadas de recorte del gasto, por ejemplo en pensiones o en la sanidad pública. Pero una cosa es que el Gobierno ignore sus propuestas políticas y otra que le niegue su conocimiento de los vericuetos presupuestarios. La intervención del secretario de Estado de Presupuestos, José Folgado, afirmando que las desviaciones calculadas por Barea no pueden sumarse al Presupuesto inicial, resultan insatisfactorias porque no explican el origen ni el alcance de las mismas. Si el vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato no aclara urgentemente la cuestión, estarán más justificadas las sospechas sobre la calidad del Presupuesto de 1998, denunciadas hasta ahora sin mucho éxito por la oposición socialista, por su falta de credibilidad y su carácter propagandístico.

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Frente a la nítida denuncia de Barea contra sus propios compañeros de Gobierno, el debate político de fondo ayer en el Congreso entre el vicepresidente y el secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, resultó descolorido; no podía ser de otra forma. La afirmación de Rato de que este Presupuesto "es el que les gustaría votar" (a los socialistas) rememora las frases de rigor que anteriores ministros de Economía arrojaban a la oposición casi de forma rutinaria, en los tiempos del rodillo socialista. La intervención de Rato fue poco convincente, porque se necesitan más argumentos que la mera enunciación de una voluntad para demostrar que en economía sea posible al mismo tiempo "corregir los desequilibrios" con el mismo gasto social y los mismos impuestos.

Alimunia revelé ayer mayor nervio político, aunque sus palabras también necesitan de un mayor desarrollo; acusó al Gobierno de aumentar la presión fiscal, descuidar las inversiones en educación y asentar las cuentas de la Seguridad Social sobre bases endebles. Almunia reprochó duramente al Gobierno la ausencia de reformas estructurales. En este punto coincide con la crítica de fondo de Barea, cuya conclusión evidente es que sin la reducción de tipos de interés -que ha ahorrado al Estado casi un billón de pesetas- y la congelación de los salarios de los funcionarios, el objetivo de déficit en 1997 no se hubiera alcanzado.

El Informe Barea ha limitado gran parte de la credibilidad que el Ejecutivo se atribuía en el control eficiente del déficit público. Y ha desmentido irónicamente la declaración inicial de Rodrigo Rato de que "se ha acabado la esquizofrenia en política económica". No cabe esquizofrenia mayor que la que existe entre la Secretaría de Estado de Presupuestos y la Oficina Presupuestaria.

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