Una educación para todos

Las movilizaciones del curso pasado en defensa de una enseñanza de calidad y en oposición a la política de Esperanza Aguirre han desembocado este curso en dos grandes acuerdos. Por un lado, el acuerdo entre la Consejería de Educación de Andalucía y CC OO y UGT; por otro, la declaración conjunta de un amplio abanico de fuerzas sociales. Dos acuerdos diferentes, pero convergentes.Si empezamos por el más reciente, el firmado la semana pasada, cabe preguntarse el porqué de una declaración de fuerzas sociales tan dispares que van desde las organizaciones religiosas a CC OO, UGT, la federación de padres CEAPA o los Movimientos de Renovación Pedagógica, que no tienen responsabilidad de gobernar ni, por tanto, de gestionarlo y desarrollarlo.

La declaración envía dos mensajes al Gobierno. El primero, explícito, que existe un camino que es el del diálogo y el consenso, capaz de evitar la conflictividad que ha salpicado el curso escolar 1996-1997, el más conflictivo desde la caída de José María Maravall. Ese camino no lo ha sabido transitar el ministerio, sino que ha provocado la contestación de los sectores progresistas.

El segundo mensaje, implícito, le recuerda al Gobierno que la actual política educativa no sólo no favorece el diálogo conseguido en pensiones o en reforma laboral, sino que es un obstáculo para éste.

A pesar del maquiavelismo mediático del que ha hecho gala la ministra, poniéndose delante, como Charlot en Tiempos modernos, de la marcha sobre Madrid del día 17 de mayo en defensa de una enseñanza pública de calidad, o ahora de esta declaración conjunta, lo cierto es que, tanto por su incapacidad para conseguir un acuerdo semejante en las mesas de negociación, el Parlamento o el Consejo Escolar del Estado, como por su redacción, nítidamente enfrentada a sus grandes declaraciones de principio, la declaración conjunta se convierte en una demanda de cambio de su política educativa.

Frente al humo de las declaraciones sobre la libertad de elección de centro o las humanidades, los firmantes del manifiesto se pronuncian por mantener la comprensividad del sistema frente a las tentaciones selectivas, reclaman medios y re cursos para los sectores más desfavorecidos, defienden una ley de financiación que asegure la estabilidad de la educación por encima de los vaivenes políticos, reivindican la participación de la comunidad escolar en la gestión de los centros y en los procesos de transferencias.

Sería una lástima que el ministerio tuviera la tentación de arruinar este consenso con una interpretación partidista o un desarrollo parcial y unilateral.

El acuerdo andaluz empieza donde termina la declaración conjunta, desarrollándola, a través de medidas y compromisos financieros concretos. El pacto andaluz expresa una política distinta, en muchos casos alternativa, a la que ha esbozado Aguirre. Sería un tremendo error que se malograse por los incumplimientos y se convirtiese en una cortina de humo para el enfrentamiento con el Gobierno central. Para que la política educativa del consejero Manuel Pezzi recupere credibilidad ha de ser escrupulosa con los compromisos contraídos.

Y finalmente, para que la gestión de Aguirre empiece a tener alguna credibilidad, deberá respetar el acuerdo alcanzado por las fuerzas sociales, evitando manipulaciones imprudentes y abriendo con seriedad un proceso de negociación que haga reales los principios de la declaración conjunta. Lo contrario sería mantener el tono de confrontación del pasado curso. En su mano está.