El Gobierno responde a los nacionalistas vascos que descarta un cambio de política de Seguridad Social
El Gobierno ha decidido mantenerse firme en su posición ante el desafío que ayer le lanzó el presidente del PNV, Xabier Arzalluz. No habrá traspaso de la cuota de formación del Inem al Gobierno vasco, pese a la decisión de Arzalluz de dar por roto el pacto de gobernabilidad con el PP si el Ejecutivo no cede esa competencia. El Ejecutivo tampoco cree necesaria la foto con CiU de la firma de los presupuestos.El anuncio de ruptura del pacto, realizado por el líder del PNV, sorprendió al presidente del Gobierno, José María Aznar, pero no se dio por enterado. Sólo replicó a Arzalluz el que fue principal muñidor del acuerdo con el PNV en abril de 1996, el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja. Desde Rivas Vaciamadrid (Madrid), Mayor pidió a Arzalluz que explicara el "alcance exacto" de sus palabras.
Desde La Moncloa se apostó ayer por ignorar las declaraciones de Arzalluz. "Son unas declaraciones. No las podemos dar, por tanto, como una ruptura formal de un pacto", manifestaron fuentes de Moncloa. Se jugaba a la firmeza.
Esta posición del Ejecutivo se basa en que Aznar está convencido de que, para los nacionalistas, es imposible echarse marcha atrás en su apoyo a los Presupuestos de 1998. De hecho, ni CiU ni siquiera el PNV, en su declaración de ruptura, cuestionan el apoyo global a los Presupuestos. "No tiene mucha lógica que quienes ayudaron al Gobierno a sacar los Presupuestos para 1997, cuando la situación era difícil, se echen atrás, ahora, cuando se está a punto de llegar a la meta con el cumplimiento de los requisitos de entrada de España en el euro," afirman en Moncloa.
El Gobierno, después de la sorpresa, ha calculado que le resulta más rentable mantener una política de firmeza ante las reclamaciones de los nacionalistas que ofrecer una imagen de estabilidad a costa de empañarla con otra de debilidad ante las presiones de sus socios. El Ejecutivo juega con la ventaja de la razón de Estado: está persuadido de que la entrada en la moneda única impedirá a los nacionalistas desestabilizar los Presupuestos del próximo año.Fue esto último precisamente lo que dijo el miércoles en Bilbao el vicepresidente económico, Rodrigo Rato, y que ha originado la calculada respuesta que ayer dio Arzalluz. Rato es el blanco de las iras nacionalistas vascas. Ya lo fue en abril de 1996, con motivo de la negociación del pacto de investidura. Se desentendió del compromiso del Concierto Económico con el PNV y tuvo que intervenir Aznar para que Rato cerrara el acuerdo el pasado mes de mayo.
Se ha repetido la historia, pero el Gobierno ha cerrado filas con Rato. Aznar se siente más seguro, tiene atados a los nacionalistas a los presupuestos de Maastricht, y, en última instancia, el voto del PNV no es decisivo para el resto de la legislatura.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
- Democracia
- Relaciones institucionales
- Relaciones Gobierno central
- Política económica
- Presidencia Gobierno
- Comunidades autónomas
- EAJ-PNV
- Administración autonómica
- Política autonómica
- Seguridad Social
- País Vasco
- Administración Estado
- Partidos políticos
- España
- Política laboral
- Economía
- Administración pública
- Trabajo
- Política