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Los rectores se rebelan contra Esperanza Aguirre

Los responsables de las universidades acusan al ministerio de bloquear las reformas y generar incertidumbre

Los rectores españoles han suscrito una crítica demoledora contra el departamento que dirige Esperanza Aguirre, a la que reprochan su indefinición y el bloqueo de reformas urgentes sobre las que había "acuerdos prácticamente unánimes": "Al cabo de casi un año y medio de constituido el nuevo Gobierno central, no se cono ce oficialmente cuál es la política universitaria del Ministerio de Educación y Cultura [MEC]". El malestar de la comunidad universitaria por la gestión del Gobierno se ha plasmado en un pliego de cargos de seis párrafos que los rectores se proponen leer en los próximos días en sus discursos de apertura de curso. Los responsables universitarios critican al ministerio por paralizar la reforma de los planes de estudio, del profesorado y del Consejo de Universidades. Además consideran "ilusorio pretender mejorar sustancialmente la Universidad" si no se mejora la financiación.

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Es el segundo aldabonazo que recibe Aguirre esta semana, después del manifiesto en defensa de la reforma educativa que el pasado miércoles fue firmado por una veintena de asociaciones sindicales, patronales y de padres de la enseñanza no universitaria.El texto que los rectores han decidido incluir en sus discursos resume sus propias aportaciones del pasado día 10 en la Asamblea de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que agrupa a 48 universidades públicas y 10 privadas. Ha sido redactado por la comisión permanente de la CRUE (formada por cinco miembros), que ultimó el escrito a principios de esta semana. Y ya se ha distribuido a los rectores, quienes tienen libertad para introducir ligeras modificaciones.

La crítica de los responsables universitarios al MEC comienza diciendo: "Al comienzo de este curso 1997-1998 persisten algunas circunstancias que suscitan una preocupación generalizada en todas las universidades".

Ausencia de política. "Al cabo de casi un año y medio de constituido el nuevo Gobierno central", añade, "no se conoce oficialmente cuál es la política universitaria del Ministerio. La falta de definición ministerial ha generado incertidumbre y dificulta, obviamente, una racional programación de la actividad de las universidades".

El actual equipo de Universidades del ministerio está formado por tres catedráticos de Historia del Pensamiento Económico: el secretario de Estado, Manuel Jesús González; el director general, Tomás García-Cuenca, y el secretario general del Consejo de Universidades, Rafael Anes. La destitución de Fernando Tejerina como secretario de Estado, el 12 de julio, provocó las dimisiones solidarias de su director general, Alfonso Fernández-Miranda, y del secretario del Consejo, Juan Roca.

Tejerina era respetado unánimemente por la comunidad universitaria, que valoraba su compromiso con las reformas pendientes (planes de estudio, estabilidad del profesorado, doctorado), su capacidad intelectual y su talante. Su relación con los rectores era tan fluida que los colaboradores de Aguirre lo acusaron de ser mero portavoz de las universidades y lo dejaron políticamente en dique seco. El rector de la Universidad Carlos III, Gregorio Peces-Barba, lamentó ayer que Aguirre hubiera "yugulado absolutamente" las reformas que propugnaba Tejerina.

Financiación. "En contraste con la decidida política europea de cumplimiento de íos criterios de convergencia del Tratado de Maastricht, hay que destacar la divergencia creciente respecto de los otros miembros de la UE en cuanto a gasto en enseñanza superior. Mientras que la media de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) se sitúa en el 1,6% del producto interior bruto, en España está en el 0,9%. Sin mejorar la financiación es ilusorio pretender mejorar sustancialmente la Universidad".

Bloqueo. "El espíritu de colaboración de las universidades puesto de manifiesto en acuerdos prácticamente unánimes sobre algunos puntos de reforma del régimen de Universidades, acerca de planes de estudios y profesorado, transmitidos oficialmente a las autoridades ministeriales, aún no han recibido respuesta. Las universidades se ven obliga das a adoptar soluciones de emergencia para prestar el servicio público que tienen encomendado y evitar su deterioro".

Aguirre desatendió las insistentes recomendaciones de Tejerina y acometió la reforma de los planes de estudio (para aligerar su carga lectiva) sin tener en cuenta uno de los puntos esenciales que había propuesto el Consejo de Universidades: redefinir el "crédito académico" de modo que tres de cada diez horas pudieran dedicarse a actividades complementarlas. El real decreto de Aguirre provocó la indignación de los rectores.

Otro de los objetivos de Tejerina fue modificar la Ley de Reforma Universitaria para mejorar la situación de unos 20.000 profesores en situación precaria, asimilable a la de los antiguos penenes. No consiguió vencer la resistencia de Aguirre, que temía una funcionarización masiva, a pesar de que esto. no entraba en las propuestas.

Consejo de Universidades. "Los conflictos que se han evidenciado en el Consejo de Universidades entre la Comisión Académica y la de Coordinación y Planificación obligan a replantear el funcionamiento de ese órgano, con el fin de conseguir una satisfactoria relación de los aspectos académicos y político-económicos del sistema universitario español y asegurar una eficaz coordinación".

El Consejo de Universidades ha tenido tres secretarios generales desde el mes de febrero: Francisco Michavila, que dimitió por desacuerdos con Aguirre; Juan Roca, que lo hizo en solidaridad con Tejerina, y el actual, Rafael Anes. El Consejo es el máximo organismo consultivo del Gobierno y de coordinación de las universidades, y en él se integran los rectores (Comisión Académica), los 17 consejeros autonómicos (Comisión de Coordinación) y 15 consejeros por elección de Gobierno y las Cortes.

El organismo atraviesa una gravísima crisis de funcionamiento, ya que su papel en la autorización de nuevas universidades, es decir, en el diseño del mapa universitario, ha quedado prácticamente en manos de los consejeros autonómicos. Los rectores, que deben analizar cada uno de los proyectos, siguen teniendo voz, pero se han quedado sin voto. Esta disfunción ha provocado un profundo malestar entre los rectores, especialmente desde la creación de la Universidad de Elche, que se describe más adelante.

Autonomía. "Es preciso encontrar, con lealtad mutua y servicio al interés general, un equilibrio satisfactorio entre la autonomía de las universidades, reconocida constitucionalmente, y la competencia de los Parlamentos y Gobiernos autonómicos, cuya falta en algún caso ha afectado profundamente a la comunidad universitaria española".

El problema que puso en cuestión la autonomía universitaria fue la creación de la Universidad de Elche mediante la segregación de estudios (Medicina y Estadística) de la de Alicante. El rechazo de la Universidad de Alicante y de prácticamente todos los rectores españoles no bastó para bloquear la decisión de la Generalitat valenciana.

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