El Gobierno da marcha atrás frente a Bruselas y modifica por decreto la ley de televisión digital

Al final, el Gobierno dobló la rodilla ante Bruselas. Tras asegurar que la Comisión Europea no diría la última palabra sobre la televisión digital en España y amenazar al Ejecutivo comunitario con denunciarlo ante el Tribunal de Luxemburgo, el Consejo de Ministros aprobó ayer un decreto-ley de modificación de la ley digital. Dicho decreto suprime la discriminación legal del descodificador simulcrypt -el utilizado por Canal Satélite- en favor del prototipo de Vía Digital, a fin de evitar las sanciones de Bruselas. Pero el Gobierno se guarda un as en la manga y otorga a la Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones (CNMT) competencias para que pueda decidir en el futuro las exigencias técnicas que desaparecen de la ley.

El portavoz del Gobierno, Miguel Angel Rodríguez, no quiso hacer una valoración política del cambio de actitud del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Preguntado sobre si el decreto que rectifica la ley digital significaba una marcha atrás ante Bruselas, Rodríguez, tal vez aún influido por los sones de la macarena en La Moncloa, respondió: "El análisis de si es un paso atrás, medio paso atrás o tres pasos atrás ya lo hacen ustedes" [por los periodistas].Rodríguez sí reconoció en cambio que "la Comisión Europea ha tenido un posición enfrentada al Gobierno español y explicó que "se había corregido un punto" -el artículo 7.a) de la ley digital, así como su disposición transitoria primera- que la Comisión consideraba que atentaba contra la libre circulación de mercancías (artículo 30 del Tratado).

El portavoz insistió en que "el espíritu de la modificación aprobada es que ambos descodificadores, se llamen como se llamen, sean abiertos" y que "la preocupación porque el consumidor pueda comprar cualquier aparato para ver cualquier plataforma digital sigue estando ahí". Y citó como órgano custodio de este principio a la CNMT. Rodríguez resumió el cambio del Ejecutivo afirmando que se había alcanzado "un punto de encuentro equilibrado entre las pretensiones de la Comisión Europea y las del Gobierno".

El decreto, que deberá ser convalidado por el Parlamento, exige que los descodificadores que se comercialicen sean "inmediata y automáticamente abiertos y compatibles", bien porque así resulte de sus "características técnicas" o porque a esa misma compatibilidad se llegue en virtud "de un acuerdo entre los operadores". De este modo se elimina la imposición recogida antes en la ley que daba dos meses de plazo a los operadores para ponerse de acuerdo sobre un descodificador y en caso contrario se obligaba a utilizar el multicrypt, es decir, el prototipo desarrollado por Vía Digital, la plataforma liderada por Telefónica y auspiciada por el Gobierno.

Una de cal y otra de arena

Pero el Ejecutivo dio ayer una de cal y otra de arena. Retrocedió ante Bruselas en lo que se refiere a la letra de la ley digital y contrarrestó este repliegue dotando a la CNMT de amplios poderes.

De hecho, la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones tendrá la facultad de establecer "las condiciones técnicas" que garanticen el carácter "inmediata y automáticamente abierto y compatible" de los descodificadores. Asimismo, los operadores podrán ser sancionados con el precintado de sus equipos e instalaciones por un máximo de seis meses y multas de hasta 10 millones de pesetas si incumplen sus resoluciones.

Las competencias otorgadas por el Gobierno a la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones son las siguientes:

1. "Aprobar los modelos de los contratos que los distribuidores y los operadores celebren con los usuarios para el uso de los descodificadores".

2. "Autorizar previamente todos los contratos que celebren entre sí los operadores respecto al uso compartido de sistemas y descodificadores que no sean técnicamente abiertos y compatibles".

3. "Establecer, a instancia de cualquier operador, las condiciones jurídicas, técnicas y económicas equitativas, razonables y no discriminatorias que garanticen el carácter inmediata y automáticamente abierto y compatible de los sistemas en servicio y de los descodificadores instalados o que se ofrezcan, distribuyan o suministren en el futuro".

Un hecho de especial importancia es que, según las nuevas normas gubernamentales, la CNMT podrá "imponer", en caso de que no haya acuerdo entre operadores, "el régimen jurídico, técnico y económico aplicable al uso compartido de los descodificadores que no sean técnicamente abiertos y compatibles", así como exigir a los distribuidores "que informen, por escrito y en su publicidad, a sus clientes, del carácter técnicamente abierto y compatible o no de los sistemas o descodificadores que se les ofrezcan". Esta última condición podrá ser exigida por la CNMT, "a instancias de cualquier operador", a los "descodificadores ya instalados".

Intervencionismo

El director general de Canal Satélite Digital, Jaume Ferrús, afirmó ayer que con el decreto de modificación de la ley digital, "el Gobierno empieza a rectificar y a resolver algunos de los obstáculos que Canal Satélite viene denunciando desde el pasado 31 de enero [día que esta plataforma comenzó sus emisiones regulares] por no ajustarse al derecho comunitario". Sin embargo, Ferrús señaló que el Ministerio de Fomento "parece que no renuncia a su intervencionismo y lo desplaza ahora a la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones".

Ferrús recordó que "la Comisión Europea exigió que desapareciera el registro de operadores y esto no figura en la rectificación del Gobierno". Y calificó de "excesivo" el papel concedido a la CNMT. "Es preocupante que esta comisión pueda actuar sin ningún control parlamentario y máxime con sus antecedentes", añadió.

La CNMT denegó en mayo la inscripción de Canal Satélite por intervención de su presidente, José María Vázquez Quintana, que logró cambiar, a última hora, la propuesta positiva a la aprobación incluida en el expediente que se había instruido en la propia Comisión. Canal Satélite ha presentado una querella por prevaricación contra Vázquez Quintana y otros tres miembros de la Comisión que apoyaron su postura.