El Poder Judicial reclama al Ejecutivo las competencias que aún tiene sobre justicia

El Libro Blanco aprobado por el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) da un paso al frente para el gobierno de la Administración de Justicia, ya que propone asumir "todas las actuales competencias que en materia de personal judicial" mantiene el Ministerio de Justicia, "incluyendo las competencias presupuestarias". Asimismo, propone coordinarse con las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de justicia.

El Consejo analiza la situación actual derivada de la distribución de poderes del Estado y del reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas y llega a la conclusión de las dificultades que conlleva, definidas por la Junta de Andalucía -en su respuesta al requerimiento del CGPJ- como "cierta esquizofrenia de gestión y decisión". Entre tales dificultades, señala la imprecisión en el reparto competencial, las disfunciones en la gestión, las dilaciones y la ineficacia.Y muestra sobre todo su alarma ante los riesgos para la independencia judicial, cuando las decisiones de los órganos de gobierno judiciales se refieren a personal no judicial de la Administración de justicia -por ejemplo, en materia de horarios-, en cuyo caso las decisiones judiciales quedan sometidas a recurso ante órganos del Poder Ejecutivo, con lo que "se abre una vía para la injerencia del Ejecutivo en la actuación judicial".

Para simplificar las diversas instancias, el Libro Blanco "se pronuncia decididamente", dice, al objeto de conseguir una unidad de dirección y una mayor eficiencia en la prestación del servicio de la Administración de justicia, en favor de la asunción por el CGPJ" de las competencias que retiene el Ministerio de Justicia, incluídas las presupuestarias. El horizonte es la distribución y coordinación de competencias entre el poder judicial, en los aspectos básicos para su independencia, y los ejecutivos de las comunidades autónomas.

Lentitud y horarios

Las investigaciones sociológicas utilizadas por el CGPJ muestran que la lentitud es una de las señas de identidad de los tribunales de justicia. Según una de ellas, de 1996, más del 80% de los encuestados se mostró de acuerdo con la afirmación de que "las decisiones de los, tribunales son tan lentas que más vale evitar meterse en pleitos legales". Igualmente, gran parte de las quejas tramitadas por el Defensor del Pueblo se refieren a dilaciones. El CGPJ vincula esta lentitud no sólo con la falta de personal, sino también con los horarios, ya que "la banda horaria de cumplimiento alcanza en el mejor de los casos entre las 28 y las 30 horas semanales".

La desaparición del control horario en las oficinas judiciales sugiere al CGPJ que ha demostrado "la incapacidad congénita de la Administración de justicia" para conciliar la independencia judicial con el "deber de dar respuesta a las demandas de los litigantes", a pesar de tratarse de un mecanismo de control "suficientemente asentado en otras organizaciones".

El diseño que hace el Libro Blanco de la oficina judicial dista mucho de su arcaica configuración autónoma y tiende a integrarla en un servicio público en el que existen muchos servicios comunes, que permiten una unidad más pequeña, gobernable por el juez y en la que habrá que redefinir el papel del secretario judicial, coordinado con los servicios comunes.

Entre las medidas para mejorar la rapidez y calidad judicial, el Libro Blanco propone que en la sede de cada órgano de gobierno -decanato, audiencia provincial y tribunal superior de justicia- se establezca un Servicio de Información, Quejas y Reclamaciones, con independencia de los servicios de orientación jurídica. Las quejas y reclamaciones se investigarán y se responderá al ciudadano "en lenguaje claro y preciso". El CGPJ explica que, al margen de las posibles sanciones, "la finalidad de este servicio no será la depuración de responsabilidades disciplinarias, sino la de prestar atención y ayuda al usuario de la justicia".

El juez, clave

Sobre la base de la importancia del juez para el funcionamiento de la justicia, el Libro Blanco trata de lograr "un tipo de juez" que integre los conocimientos jurídicos en los valores de la sociedad y que sea sensible a los derechos humanos y permanezca alerta ante "los abusos del derecho y las desviaciones del poder". Entre las novedades a incluir en las pruebas selectivas propone la verificación de la cultura general y la capacidad argumental que debe poseer un juez, así como la unificación de los procesos de selección de jueces y, fiscales.

La formación continuada se establece como una obligación profesional del juez y se propone extenderla con carácter obligatorio a los jueces y magistrados que cambian de orden jurisdiccional. El Libro Blanco plantea nuevos módulos de trabajo tanto para conocer las necesidades de nuevas plazas como para calibrar el nivel de exigencia, cuantitativa y cualitativamente.