Derecho ciudadano a una justicia de calidad

Si los derechos y las libertades que declara nuestra Constitución fuesen universalmente realizados, viviríamos en el mejor de los mundos posibles. De esa convicción, urgente en una época marcada por la falta de ideologías globales, debe nacer cualquier análisis de la relación entre la sociedad, donde están los ciudadanos con sus derechos, intereses y conflictos y el Estado y su Administración. Cuando un ciudadano acude a los tribunales de justicia, lo menos que puede esperar es ser atendido en las condiciones de calidad y eficacia, propias de un país moderno en el alba del siglo XXI. Porque los derechos que están declarados en el papel constitucional tienen que ser traducidos en la realidad o no servirán para nada.El déficit histórico de la Administración de Justicia española tiene que ver con una concepción corporativa del poder, según la cual la persona que, desde el lado político o administrativo, está al frente de ese poder, es propietario del mismo. En tal caso, el horizonte de objetivos queda fijado no por los intereses del ciudadano, sino por los de la corporación. Frente a esa concepción, debe alzarse la cultura del servicio público, donde son los ciudadanos los propietarios de los derechos y libertades y de los valores instrumentales (la independencia judicial, por ejemplo). Los profesionales (jueces, fiscales, abogados, funcionarios) han de limitarse a poseer esos instrumentos, dentro del estatus constitucional y legal de cada uno, para la precisa finalidad del servicio. Creo que el Consejo General del Poder Judicial ha comprendido esa fundamental distinción, asumiendo la cultura del servicio y trasladándola, como planteamiento de fondo, al Libro Blanco que acaba de aprobar. La iniciativa y su resultado han de merecer apoyo.

El contenido del Libro Blanco es, lógicamente, complicado. Dada la complejidad procesal, no extraña que el Consejo dedique buena parte del informe a planteamientos de reforma de los procesos.

Del análisis emerge el desarrollo de propuestas relacionadas con el personal de la Administración de Justicia. En el caso de los jueces, contiene una línea clara por la formación interdisciplinar (no hay buen juez si sólo sabe Derecho), por el control de la actividad extrajudicial de éstos y por la racionalización de su régimen de productividad y disciplina. Todo ello era necesario.

Una última apreciación. El Libro Blanco no es la panacea de la Justicia. Se trata de comenzar un camino para la mejora global de un importante espacio de gobierno de lo público. Ahora queda la tarea de convertir en realidad las reflexiones. Para ello, hay que contar con el resto de los poderes del Estado y de las comunidades autónomas.