Los jueces no podrán encarcelar al ciudadano al que estén investigando

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propone en su Libro Blanco importantes novedades en materia penal. Entre ellas, la implantación gradual del sistema acusatorio que, por el momento, se pare la función instructora de la garantista y tuteladora de derechos fundamentales, que debe atribuirse a un juez "distinto del que investiga". El instructor no podrá, por ejemplo, encarcelar al investigado. El acceso de los jueces al orden penal de la Audiencia Nacional deberá hacerse "con criterios adicionales al de la mera antigüedad".

El sistema acusatorio conducirá a que sea el Ministerio Fiscal el que investigue y el juez el que decida sobre limitación de derechos. Mientras tanto, el Libro Blanco propone separar la función judicial investigadora y la tuteladora de derechos.Igualmente, cuando esté en juego la libertad de un ciudadano, además de exigirse una tramitación preferente, el afectado que apele a la Audiencia quedará en libertad a los 15 días de recibidos los autos por el tribunal, que deberá resolver en ese plazo improrrogable.

El Libró Blanco reconoce que las incidencias por las que ha atravesado la Audiencia Nacional" llegaron a cuestionar su existencia. Sin embargo, el CGPJ, "en el contexto actual", cree que ha de mantenerse en su competencia penal "en aras de un más eficaz tratamiento de la criminalidad organizada". Y añade: "Sin embargo, las circunstancias especiales de este tribunal aconsejan que sus magistrados en el orden penal, tanto en la sala como en los juzgados, sean seleccionados con criterios adicionales al de la mera antigüedad". El pleno del CGPJ del martes último suprimió la frase siguiente: "...tales como epecialización en la disciplina penal y una cierta experiencia profesional".

Policía judicial

Se propone que las unidades de Policía Judicial -que actualmente dependen funcionalmente de los jueces y orgánicamente de Interior- dependan "orgánica y funcionalmente del órgano instructor", terminado con la situación "bicéfala", que ha provocado disfunciones.

El Libro Blanco propone que se potencien los llamados "juicios rápidos", para aquellos casos de delitos flagrantes o pequeños, de investigación fácil. El CGPJ propone generalizar la práctica de todas las diligencias de investigación imprescindibles para la calificación jurídica de los hechos en el propio servicio de guardia.

También se propone suprimir los juicios de faltas, para lo que será necesario despenalizarlas y convertirlas en infracciones que den lugar a reclamaciones civiles. Tal medida, motivada por las dificultades de aplicar los principios constitucionales y el derecho de defensa, exige suprimir el Libro III del Código Penal.