El Gobierno estudia descontar a las pensiones superiores a 65.000 pesetas la mejora del IPC

El Gobierno tiene serias dudas entre renunciar a un ahorro presupuestario de 46.000 millones de pesetas en la revalorización de pensiones de 1998 o adoptar una impopular decisión. La solución salomómica que estudia, según fuentes oficiales, es aplicar la rebaja a las pensiones altas y no a las asistenciales y mínimas de viudedad y contributivas, todas ellas situadas por debajo de 65.000 pesetas mensuales. Eso supone que algo más de 3,5 millones de pensionistas, del total de 7,3 millones, perderán poder adquisitivo el próximo año. El Pacto de Toledo le permite descontar de la subida de 1998 la mejora del poder adquisitivo que han tenido las pensiones este año por la buena marcha del IPC.El Gabinete de José María Aznar debe decidir en la próximas semanas si adopta una decisión impopular para un sector del electorado al que no quiere contrariar. El Gobierno se ha encontrado por primera vez con una revalorización de pensiones por ley (Pacto de Toledo) y con un IPC real inferior al previsto.Las nuevas estimaciones de los expertos indican que la inflación final se situará entre el 1,6% y el 2,2%, mientras que las pensiones han subido un 2,6%. Esa mejora del poder adquisitivo en 1997 es la que ahora quiere descontar el Gobierno de la subida de 1998. El ahorro presupuestario sería de 46.000 millones si finalmente el IPC queda en el 2%.

Según fuentes gubernamentales la decisión no está tomada. El Ministerio de Economía está a la espera de tener todos los datos de los Presupuestos Generales de 1998 y de los márgenes que tiene tras unas correcciones pedidas por Bruselas. Y el vicepresidente primero, Francisco Álvarez Cascos, declaró ayer a Efe que la decisión se tomará cuando se conozca "el IPC de noviembre o diciembre". En el primer caso permitiría introducir una enmienda en el Parlamento.

Ambigüedad de Cascos

En medio de una gran ambigüedad, Álvarez Cascos afirmó que, "cuando las previsiones dejen de ser previsiones, el Gobierno tendrá que estudiar si se ha producido una desviación al alza o a la baja, según supuestos que están contemplados en el Pacto de Toledo y en la normativa vigente". Asimismo dijo que "en este momento no hay ningún pensionista que haya cobrado de más".

Fuentes del Ministerio de Trabajo sostienen que es "una decisión política que todavía no se ha tomado". Asimismo afirman que no se sabe cuándo se va a tomar, aunque hay margen hasta que culmine el debate presupuestario en el Parlamento.

La opción que parece más probable es que el descuento se perdone a las pensiones más bajas, que en ese caso tendrán una subida del 2,1% en 1998, y el recorte se aplique a las pensiones superiores a la mínima contributiva -situada ahora en 54.800 pesetas al mes y con cónyuge a cargo, en 64.500 pesetas mensuales-. Por encima de ese nivel se encuentra la mitad de los 7.310.645 pensionistas actuales.

Los sindicatos UGT y CC OO y el PSOE reconocen que el Gobierno debe cumplir la ley, pero a la vez exigen que se aumenten las pensiones más bajas lo mismo que la inflación prevista para 1998 -2,1%-. El partido socialista de hecho presentó una enmienda en el Parlamento en la que pide que en ningún caso se aplique el descuento a quienes cobran las pensiones mínimas, complementos de mínimos y asistenciales. Izquierda Unida planteó que el descuento no se aplique a ningún nivel de pensión.

Margen presupuestario

Oposición y sindicatos sostienen, además, que en estos momentos, las condiciones presupuestarias son muy favorables. Las privatizaciones han facilitado unos fondos de 450.000 millones de pesetas en 1997 y se puede rebasar el billón de pesetas si se saca a Bolsa parte de las acciones de Endesa en el próximo otoño. Para 1998, el margen previsto por privatizaciones arroja una cifra entre 800.000 millones y un billón de pesetas.

Una decisión sobre la revalorización de las pensiones que no guste a los sindicatos se uniría a sus críticas sobre otros capítulos del, Presupuesto. CC OO y UGT han manifestado ya al Gobierno su preocupación porque no se quiera compensar la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios. Tampoco ven clara la cuantía del gasto sanitario. En los presupuestos de enseñanza sostienen que, pese al incremento, se desconoce la composición del gasto, por lo que sospechan que se va a destinar a conciertos con colegios privados, especialmente del Opus Dei.

Y ya han advertido a los ministros Rato y Arenas que no aceptarán ningún tipo de recorte en las prestaciones por desempleo. Lo considerarían casus belli.