Cooperación con orden

ESPAÑA HA pasado en tres lustros de ser receptor de ayuda exterior a ocupar el duodécimo puesto mundial como donante. Es cierto que aún está bien lejos del objetivo aceptado para el año 2000 de una ayuda oficial al desarrollo que represente el 0,7% del PIB, objetivo que tanto apoyo suscitó en amplios sectores de la sociedad española en estos últimos años.El Gobierno, basándose en buena parte en los trabajos del anterior Ejecutivo, se propone establecer en el nuevo ejercicio parlamentario un marco regulador a esta actividad. Con esta intención ya ha propuesto. un anteproyecto de Ley de Cooperación Internacional, que resulta tan significativo por lo que dice como por lo que silencia.

Más que fruto de una batalla entre el Gobierno y las Organizaciones No Gubernamentales, el proyecto presentado refleja las diferentes ópticas con que se percibe la cooperación internacional en los diversos departamentos de la Administración que están implicados en la misma. De ahí que venga a ser el resultado de un difícil equilibrio entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, para el cual la política de cooperación es una parte de la política exterior española -con nuevas modalidades crediticias a gestionar directamente por este departamento-, y el Ministerio de Economía, que ve en la cooperación internacional, a través de la gestión de los créditos FAD (Fondos de Ayuda al Desarrollo) una prolongación de la política comercial. Economía insiste por ello en que parte al menos de las. cantidades aportadas retornen en contratos para las empresas españolas. Esto último explica, por ejemplo, el destacado lugar que tiene China entre los países destinatarios de la ayuda española.

El anteproyecto propone, acertadamente -otra cosa es que se logre en la práctica-, una concentración de la ayuda española en áreas geográficas de especial interés para este país, como Latinoamérica, África del norte y Oriente Próximo, y, en términos de prioridades, apuesta por comenzar dicha ayuda por los servicios sociales básicos, como salud, saneamiento y educación. También sugiere mejores fórmulas de planificación y de coordinación de esta ayuda exterior, con las ONG, con los otros ministerios, y con las administraciones autonómicas y locales, crecientemente involucradas en este ámbito.

El marco que propone el Gobierno para su debate en las Cortes prevé la creación de un registro de ONG de Cooperación. Sin embargo, será tanto o más importante el desarrollo reglamentario que la ley en sí. Es perfectamente lógico que las ONG, precisamente por su carácter no gubernamental, no vivan totalmente de los fondos públicos, sino que obtengan medios alternativos de recaudación. Pero si se limitaran los fondos públicos a un 80% en los proyectos de forma inmediata, se quebrarían muchas posibilidades de estas organizaciones en países en que la cultura de la solidaridad internacional y del voluntariado -que también se pretende potenciar, con efectos sobre el servicio militar y la prestación social sustitutoria, y con otras medidas- es aún muy reciente.

Está bien regular el sector de las ONG de cooperación para evitar abusos, pero habrá que tener buen cuidado en no estrangular sus actividades. Porque su labor es muy meritoria y muy útil en muchas partes del mundo. Pero también porque este sector, que ha tenido un auge sin precedentes en los últimos años, realiza una importantísima contribución a la tan necesaria creación del entramado de nuestra sociedad civil, aún tan lejos de los niveles de otros países de nuestro entorno.