Abierta otra investigación a España por la 'ley del fútbol'

Los servicios de la Competencia de la Comisión Europea han abierto una nueva investigación sobre la actuación del Gobierno español en la batalla audiovisual, esta vez sobre si la llamada ley del fútbol (reguladora de las emisiones y retransmisiones de competiciones y acontecimientos deportivos) incumple la normativa europea de la competencia.La decisión se ha tomado -como es preceptivo- a consecuencia de la queja interpuesta ante la Comisión por Canal Satélite Digital, el pasado 25 de julio, y se ha formalizado mediante una carta que da traslado de la misma al Gobierno.

En el escrito de denuncia, Canal Satélite consideraba que la ley del fútbol conculca doblemente el Tratado: porque atenta contra los derechos exclusivos amparados por su artículo 85, al obligar a los operadores a realizar acuerdos sobre ellos, restringiendo la competencia; y porque viola el artículo 90, al favorecer, en detrimento de la denunciante, a su competidora Vía Digital, empresa de matriz pública al estar controlada por compañías públicas o que gozan de derechos especiales, como Telefónica.

Esta investigación se añade a la abierta el pasado día 6 sobre la adquisición de Antena 3 Televisión por Telefónica, cuyo primer resultado práctico ha sido el requerimiento a la compradora para que se abstenga de tomar el control de la emisora televisiva. Las diligencias desembocarán, previsiblemente, en la incoación de un procedimiento de infracción.

España tiene ya abierto, en un estadio muy avanzado, uno de esos procedimientos de infracción, por la presunta ilegalidad de la llamada ley digital. La Comisión aprobó el 23 de julio el dictamen motivado conminando al Gobierno a modificarla en el plazo máximo de un mes. En caso contrario, el colegio de comisarios decidirá en su primera reunión posterior al periodo vacacional, el 3 de septiembre, si solicita al Tribunal de Luxemburgo -como anunció- la adopción de medidas cautelares que obliguen al Gobierno a suspender la aplicación de la ley.

El Gobierno minimizó en ese caso la investigación, y quiso rebajar la trascendencia del dictamen motivado, cuando se trata del primero planteado contra España desde su adhesión a la Europa comunitaria. El Ejecutivo español llegó incluso a anunciar que recurrirá ante el Tribunal, cuando es la Comisión quien le ha amenazado con conducirle ante él.

También en la investigación sobre la compra de Antena 3 por Telefónica, Fomento ha tratado de diluir el alcance del inicio de actuaciones de la Comisión. En su nota del martes, en que daba cuenta de haber recibido la notificación de Bruselas -seis días después de su llegada-, el ministerio desvió sus responsabilidades hacía otros organismos, pero la Comisión se dirige al conjunto del Estado español.