Un magistrado argentino fijará el aval para liberar el 'Arpón'

La decisión de liberar al pesquero gallego Arpón, apresado por las autoridades de Argentina en mayo bajo la acusación de pescar en sus aguas territoriales, está pendiente de que un juez de aquel país fije la cuantía del aval que debe depositar el armador. Al buque le fue impuesta una sanción de 800.000 dólares (unos 123 millones de pesetas).

El juez ha atendido la sugerencia de las autoridades argentinas para que fije un aval que comprenda la sanción y las costas judiciales del proceso, al haber recurrido la sanción el armador, la empresa gallega Freiremar. El juez tomará la decisión en los próximos 10 días.

Tras gestiones del Gobierno español, que incluyeron conversaciones telefónicas entre el presidente del Ejecutivo, José María Aznar, y el presidente argentino, Carlos Menem, según fuentes diplomáticas, se logró un pacto para rebajar la sanción a 300.000 dólares (46 millones de pesetas). Sin embargo, las autoridades argentinas impusieron como condición que la sanción no fuera recurrida.

El armador rechazó el pacto, siempre según fuentes diplomáticas, porque implicaba aceptar su culpabilidad. Freiremar y la tripulación del Arpón sostienen que el congelador pescaba fuera del límite de las aguas argentinas.

Las mismas fuentes han señalado que el armador no repatrió a la tripulación, por lo que las autoridades españolas tuvieron que correr con los gastos de 22 marineros. Otros cuatro siguen en el buque, pero con plena libertad para abandonar el país.