Polémica en El Burgo de Osma por el derribo de un palacio del XVI

La diputada autonómica por Soria, Eloísa Álvarez, del PSOE, ha criticado con dureza el derribo del palacete del siglo XVI de El Burgo de Osma conocido como Casa de las Tejerizas -que se encontraba ubicado frente a la catedral-, por parte del restaurador Gil Martínez Soto. La sanción por el derribo impuesta por los responsables de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, de 15 millones de pesetas, no ha aplacado la polémica en El Burgo de Osma, cuyos habitantes han visto que sobre el edificio histórico destruido se ha levantado otro destinado a comidas y venta de recuerdos.Un particular ha denunciado que la obra invade la vía pública y que se ha construido más volumen del permitido, mientras la Junta de Castilla y León ha ordenado paralizar la construcción. Sin embargo, el Ayuntamiento de El Burgo de Osma no ha hecho efectiva la paralización al argumentar que está a la espera de sus propios informes técnicos. El consistorio está presidido por Antonio Pardo, del PP, y está compuesto por siete concejales del PP; dos del PSOE; dos independientes; uno del CDS y uno de Izquierda Unida.

El alcalde pide informes

Antonio Pardo ha señalado que quiere ser cauto y "recoger toda la documentación necesaria para que en el momento en que haya que tomar la decisión no exista ninguna posibilidad de error". El alcalde manifestó que desde el Ayuntamiento "se ha requerido información al Servicio Territorial para que se les envíen los informes que obren en su poder y saber qué dicen esos informes, y lo mismo sucede con el denunciante particular, Fernando Castanedo, a quien se le requieren los informes en los que se basa para presentar su denuncia".A juicio de la diputada socialista Eloísa Álvarez, la consejera de Educación y Cultura, Josefa Eugenia Fernández Arufe, del PP, ha justificado la actuación de los diferentes concejales del Ayuntamiento burgense. En un primer informe de la Consejería, anterior a la segunda denuncia, la única valoración pasaba por justificar la actuación del alcalde de El Burgo.

Según algunas informaciones, diversos concejales populares intentaron cambiar las normas subsidiarias para aceptar el derribo del edificio. Este derribo se llevó a efecto y las quejas se centran en la escasa sanción impuesta por Patrimonio. En la Ley de Patrimonio Histórico vienen definidos estos "atentados contra el patrimonio", señala Eloísa Álvarez, "y el artículo que ellos han aplicado es el 76.1.e, que contiene unas multas hasta 25 millones de pesetas, cuando existía la posibilidad de haber aplicado una multa por derribo total, en cuyo caso la sanción podría haber sido superior a los 100 millones. Desde la Consejería no se ha tenido en cuenta el apartado g de la misma ley, siendo sospechoso que haya disminuido la multa quedando en 15 millones". La diputada socialista manifestó que Soria no ha evolucionado respecto al caciquismo.