Sociedad civil contra políticos

Más de 5.000 granadinos han firmado en los últimos meses a favor de la demolición del Rey Chico, un restaurante y sala de fiestas al pie de la Alhambra y junto al río Darro, que amenaza destrozar uno de los paisajes más hermosos de España. Desde ecologistas a amas de casa, desde abogados a historiadores, han clamado contra una barbaridad urbanística que viene a añadirse a la larga lista de desmanes que ha padecido una ciudad que cuenta con uno de los complejos monumentales más impresionantes de Europa.La protesta ciudadana llegó hasta los despachos de la Unesco, que. declaró hace unos años la Alhambra, el Generalife y el Albaicín patrimonios de la Humanidad. El propio director general del organismo, Federico Mayor Zaragoza, envió recientemente una carta al alcalde de la ciudad para instarle a que paralizara las obras. Ayer, al fin, la pinza entre el movimiento ciudadano, agrupado en la Plataforma de Defensa de la Alhambra, y la Unesco, ha obligado a ceder a toda la clase política granadina.

Porque no cabe olvidar que la licencia del polémico Rey Chico fue otorgada, por unanimidad de los grupos políticos, cuando el PSOE todavía controlaba el Ayuntamiento de la ciudad; y fue confirmada tras el relevo político que aupó a Díaz Berbel, del PP, a la alcaldía. Por todo ello, voces críticas como José Galán, portavoz de la citada plataforma, o César Girón, presidente de la asociación Granada Histórica y Cultural, han lamentado que los políticos granadinos no hayan estado a la altura de un riquísimo legado artístico. La paralización cautelar del Rey Chico abre las puertas a una solución que debe pasar por la indemnizar al constructor y la demolición.

Porque más allá de las disputas sobre el control político de la Alhambra, tanto el Gobierno como la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento deben proteger el entorno del edificio más visitado de España y una joya del arte musulmán.