El banquillo amenaza a Pinochet

Ver sentados en el banquillo de los acusados al general Augusto Pinochet y a los otros miembros de su Junta Militar como máximos responsables de los crímenes cometidos en Chile durante 17 años, desde el golpe de 1973 a 1990, y a los jefes de los cuerpos especializados en la represión, como la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), y la Central Nacional de Información (CNI), es el objetivo del proceso por genocidio abierto en España contra los principales cerebros de la dictadura chilena. Puede parecer un sueño la presencia ante un tribunal de unos generales ya ancianos, 24 años después de aquel trágico 11 de septiembre en que todo Chile quedó ensangrentado. Pero hoy emerge, tímida, una brizna de esperanza. Nunca, hasta ahora, los genocidas habían sentido tan cerca el aliento de la justicia.El pasado mes de febrero, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón dio un paso que nadie, ni él mismo, conocía su trascendencia para el respeto del derecho penal internacional. El magistrado admitió a trámite la denuncia presentada, en julio de 1996, por la Unión Progresista de Fiscales de España (UPF) por los presuntos crímenes contra la humanidad, genocidio (interior) y terrorismo (interior e internacional) cometidos por Pinochet y sus generales. La denuncia identificaba a siete ciudadanos españoles asesinados por agentes a las órdenes de los denunciados.

Lo más espectacular en el tiempo transcurrido desde la interposición de la querella ha sido la larga lista de víctimas -unos 4.000 asesinados o desaparecidos de una decena de nacionalidades- presentada en la causa por la acusación particular o a través dé la acción popular. En lo que se refiere a las víctimas, la investigación ya está hecha. El Informe Rettig, elaborado en 1991 bajo la presidencia de Patricio Aylwin por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, detalla unos 3.000 casos de personas asesinadas-desaparecidas. En 1996, con Eduardo Frei como presidente de Chile, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación recopiló 1.000 casos más de víctimas. A ellos habría que añadir otro millar de desaparecidos, según varias organizaciones humanitarias. Los casos relativos a víctimas españolas y casi la integridad de las restantes siguen impunes.

Los responsables

La investigación se centra, pues, en la responsabilidad de los crímenes. Y es en esta dirección hacia la que apuntan las declaraciones de los testigos de distintas nacionalidades que han declarado desde el pasado mes de abril. María Maluenda, antigua diputada y ex presidenta del Parlamento chileno en 1990, declaró está semana ante el juez García Castellón que en 1978 coincidió en una recepción en la Embajada de Rumania con el entonces ministro de Defensa, general Hernán Brady. La testigo interpeló al ministro si tenía conocimiento de la existencia de detenidos-desaparecidos y la respuesta del ministro fue que sí, en concreto, reconoció la existencia de detenidos-desaparecidos, pero que era obra de mandos medios. Le dijo al general Brady que en un regimiento -el responsable era el jefe y no sólo los mandos medios, y Brady le contestó afirmativamente, y reconoció que las Fuerzas Armadas obedecen órdenes finalmente del jefe máximo.Los tres niveles de responsabilidad que se investigan en el proceso son: quién dio las órdenes, quién consintió las matanzas pudiendo evitarlo, y quién las encubrió una vez perpetradas. Hay varias docenas de imputados. En primer lugar, los miembros de la Junta Militar golpista: Augusto Pinochet Ugarte, Gustavo Leigh Guzmán (jefe de la Fuerza Aérea),César Mendoza Durán (jefe del cuerpo de Carabineros) y José Toribio Merino Castro (jefe de la Marina). Estos dos últimos fallecieron cuando el proceso ya había comenzado. Los generales Fernando Matthei Aubel y Rodolfo Stange Oelckers, que sustituyeron a Leigh y Mendoza, figuran también en la lista de acusados. La denuncia de la Unión de Fiscales señala qué los arriba mencionados "crearon, en noviembre de 1973, primero de manera informal, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), que se ocupó de las zonas donde la represión había sido blanda".

Al frente de la institución y a las órdenes directas de Pinochet se nombró al entonces coronel y más tarde general Manuel Contreras Sepúlveda. La propia Corte Suprema chilena, que por su composición es todavía un residuo de la dictadura, declaró en 1995 a la DINA como una organización criminal, al juzgar el caso Letelier.

Mientras los testigos hablan. y señalan con el dedo a algunos de los responsables, ni un solo parlamentario chileno se ha movido hasta ahora, en un vergozante contraste con la actitud de denuncia exhibida por diputados españoles o congresistas estadounidenses. No hay que olvidar que el general Pinochet ocupa todavía la jefatura de las Fuerzas Armadas y que Chile es hoy una democracia con importantes limitaciones heredadas de la dictadura: como la Constitución del año 1981, la ausencia de jueces independientes en la Corte Suprema, o el mantenimiento de una quinta parte del Senado no elegida por voto popular. únicamente por el poder y temor que todavía despierta Pinochet puede interpretarse la negativa de las autoridades chilenas a colaborar con la justicia española.

El proceso seguirá adelante en la investigación de las pruebas en las que aparecen indicios razonables de delito y que servirán de base para dictar autos de procesamiento y, eventualmente, de detención. A partir de ahí, el camino lo marcará el tratado de extradición y asistencia judicial en materia penal entre España y Chile.

Ante una hipotética petición de extradición del general Pinochet por parte española, las autoridades chilenas pueden responder con la negativa, pero en dicho caso la justicia de aquel país estaría obligada a abrir el proceso en Chile. Así ocurrió en el caso del ex canciller de Allende asesinado en Washington en 1976, Orlando Letelier. Tras reunir una cantidad abrumadora de pruebas concluyentes contra el general Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, Estados Unidos pidió la extradición del militar. La Corte Suprema chilena denegó la solicitud después de que - varias bombas estallaran a modo de advertencia ante la residencia del presidente del alto tribunal. Terminada la dictadura Contreras acabó siendo juzgado en Chile y hoy está en la cárcel de alta seguridad de Punta Peuco.

El mes de marzo de 1998 se presenta como una fecha clave en el desarrollo del proceso. Pinochet dejará de ser el máximo jefe militar y pasará a la situación de retiro. Sólo tendrá el cargo de senador vitalicio. En esta cuenta atrás, el poder del ex dictador disminuirá en Chile y, quién sabe, si su sucesión al frente de las Fuerzas Armadas, que pretende dejar atada y bien atada, puede verse afectada por las pruebas que lleguen a poder del juez García Castellón procedentes de EE UU o de Chile.