Pinochet dictó una ley secreta que permitía el uso de sumas millonarias para la guerra sucia

El general Augusto Pinochet dictó una ley secreta que permitía al jefe del Estado chileno la obtención de un préstamo de hasta 1.500 millones de dólares (225.000 millones de pesetas), en la divisa americana o en chelines austríacos, "y depositar dicha suma en cuentas reservadas en Chile o en el extranjero, sin que quedase constancia de dichas cantidades en la contabilidad del Estado". Así consta en la declaración efectuada ayer en Madrid por María Maluenda, ex presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento chileno, ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga la desaparición de ciudadanos españoles y familiares durante la dictadura de Pinochet.

María Maluenda, que, por edad, fue la primera presidenta del Parlamento chileno de la recuperada democracia en 1990, declaró que "por razón de su cargo recibió copia de más de 100 leyes secretas dictadas por Pinochet entre 1973 y 1990". Una de estas leyes es la que autorizaba al dictador a ingresar elevadas sumas de dinero en cuentas que no de jaran rastro. La declarante no es pecificó el destino de dicho dinero, pero fuentes judiciales españolas y parlamentarias chilenas apuntaron la financiación de actividades de terrorismo de Esta do y la compra de armas que el Gobierno de Pinochet tenía que realizar a oscuras para violar el embargo internacional a que es taba sometido su régimen. Una fuente consultada en Santiago, recordó a modo de ejemplo que el general Manuel Contreras, ex jefe de la DINA (policía política) actualmente encarcelado por el asesinato de Orlando Letelier, ex ministro de Allende, pedía di rectamente a Pinochet el dinero que necesitaba para "actividades criminales", que salían de los mencionados fondos reservados.María Maluenda es la madre de José Manuel Parada Maluenda, que fue secuestrado y asesinado el 29 de marzo de 1985 junto a Manuel Guerrero y Santiago Nattino, en el caso de los Degollados, que tuvo una gran repercusión en Chile por su brutalidad. Las tres víctimas fueron degolladas y los asesinos "se ensañaron especialmente con su hijo porque lo abrieron de arriba a abajo", según declaró la exparlamentaria al juez García Castellón. Tras un interminable proceso, 14 ex miembros del cuerpo de Carabineros y un civil fueron condenados y el año pasado ingresaron en prisión.

De la actitud de los condenados da fe la siguiente declaración efectuada hace dos meses desde la cárcel por el sargento de carabineros José Fuentes: "...y al remontarme al pasado, donde nadie puede desconocer que existía una guerra de guerrillas, estos muertos eran necesarios e indispensables por cuanto eran bajas que se producían al enemigo". María Maluenda dijo en su declaración que en 1978 coincidió en una recepción con el entonces ministro de Defensa, general Hernán Brady, quien reconoció "tener conocimiento de la existencia de detenidos-desaparecidos" y que ante su insistencia el ministro acabó por reconocer que Ias Fuerzas Armadas obedecen órdenes finalmente del jefe máximo".

Junto a María Maluenda también prestó declaración ante el juez de la Audiencia Nacional María Paz Rojas, neuropsiquiatra que trabajó desde octubre de 1973 con el comité por la paz, organismo ecuménico creado por los obispos para proteger a las víctimas de la dictadura. La declarante dijo que Ias cifras sobre tortura acumuladas durante los 17 años de la dictadura de Pinochet" le permiten señalar que "el número aproximado de personas víctimas de la tortura alcanza entre 600.000 y 800.000 ciudadanos en Chile, equivalente al 12% de la población total de edad superior a 15 años". María Paz Rojas subrayó que "ningún torturador ha sido jamás juzgado y los supervivientes viven en la más absoluta impunidad".