El Parlamento aprueba definitivamente la ley de pensiones que se revisará en el año 2000

La reforma de la Seguridad Social está ya lista para su entrada en vigor a mediados de julio. El Congreso cumplió ayer el último trámite al aprobar definitivamente la ley reguladora de las nuevas pensiones, que se revisará en el 2000. Los dos grandes cambios que introduce son la separación de las fuentes de financiación y el cálculo de las pensiones sobre 15 años de cotización. Esa reforma cuenta con la oposición de Izquierda Unida y el sí crítico del PSOE, que ayer abrieron la "causa común" en palabras de IU, acusando al Gobierno del PP de incumplir el Pacto de Toledo.

Una vez aprobada la ley por el Parlamento, el Ministerio de Trabajo la remitirá de imnediato al Boletín Oficial del Estado, y entrará en vigor 20 días después de su publicación. La norma es más contributiva y refuerza los principios de equidad y solidaridad. Es fruto de un consenso logrado por todos los partidos políticos en el denominado Pacto de Toledo en abril de 1995 y también cuenta con el respaldo de los sindicatos UGT y CC OO, que firmaron un acuerdo con el presidente del Gobierno, José María Aznar, en octubre de 1996.La reforma se basa en la separación de las fuentes de financiación: la parte contributiva (pensiones) se nutrirá de las cotizaciones de empresarios y trabajadores y la no contributiva (sanidad y prestaciones universales y asistenciales) con impuestos. Esa separación se producirá paulatinamente y concluirá en los Presupuestos del año 2000.

Asimismo, modifica el periodo de cálculo de las nuevas pensiones y, frente a los ocho años de cotización que se utiliza ahora, se ampliará progresivamente hasta 15 años. El peso de los años cotizados cambia y con 15 años de aportaciones se percibirá el 50% de la pensión (ahora es el 60%), los tramos siguientes se retocan y con 25 años de cotización corresponde el 80%. En cambio, se mantiene invariable el 100% de la pensión para quienes hayan pagado a la Seguridad Social durante 35 años de vida laboral.

La edad legal de jubilación sigue fijada en los 65 años de edad, aunque el Gobierno se compromete a otorgar subvenciones, desgravaciones o deducciones para los trabajadores que opten por permanecer en activo rebasada esa edad.

Ausencia del Gobierno

Ayer, el último debate parlamentario sobre la ley se desarrolló con un duro cruce de acusaciones entre el PSOE y el Partido Popular y con la ausencia del Gobierno. El diputado socialista Alejandro Cercas expresó su malestar por el rechazo a las enmiendas de su partido y aseguró que se producen quiebras en principios fundamentales y que sólo se garantiza la estabilidad del sistema público hasta el año 2000.Tampoco está de acuerdo con que a los funcionarios se les obligue a pagar dos veces la asistencia sanitaria (con cotizaciones a la MUFACE y con impuestos), que a los huérfanos se les imponga la incompatibilidad entre la pensión y la percepción de otras rentas, y que a las viudas menores de 60 años se les limite el complemento de mínimos.

La discrepancia mayor de los socialistas, compartida por Izquierda Unida, consiste en que, en la separación de las fuentes de financiación, no está previsto que el Estado respalde las insuficiencias presupuestarias que se puedan producir en la parte contributiva. Los socialistas defienden que la ley debería dejar abierta la posibilidad de complementar las cotizaciones con una financiación adicional en el caso de que se produzcan déficits presupuestarios en el medio y largo plazo.

Sí critico del PSOE

Pese a todo, "el PSOE no romperá el Pacto de Toledo" y si ayer se hubiese votado la ley en su conjunto (sólo se sancionó una enmienda del Senado) habría dado un sí, según explicaron posteriormente Alejandro Cercas y José Antonio Griñán. Cercas recordó que su partido "construyó, redactó y trabajó por el consenso cuando estaba en el Gobierno", y no ha roto el Pacto de Toledo "ni lo romperá nunca". Su rechazo es a "determinados aspectos de la ley".El diputado del Partido Popular Gerardo Camps le respondió que la ley es "un desarrollo leal" del Pacto de Toledo entre los partidos y de los acuerdos con los sindicatos, y recordó que han sido aprobadas 26 enmiendas del PSOE, "muy por encima de las que ustedes aceptaban cuando eran Gobierno". También acusó a los socialistas de convertirse en "estupendos voceros de quienes pretenden lucrarse a costa del sistema de pensiones".

En cambio, Pedro Vaquero, de Izquierda Unida, felicitó a los socialistas por iniciar con las pensiones la "causa común" de la izquierda (ofrecida por el nuevo secretario general del PSOE, Joaquín Almunia). Los dos partidos comparten la principal crítica de fondo -que el Estado no respalde las eventuales insuficiencias de cotizaciones- y culpan al Gobierno de incumplir el Pacto de Toledo. Pero las discrepancias de IU se extienden a la globalidad de la ley, que expresó en su día con una enmienda a la totalidad.

Según manifestó Pedro Vaquero ayer, la norma abre paso a las pensiones privadas y recorta las futuras pensiones sobre todo de los trabajadores temporales, "que no van a llegar a cumplir los requisitos para tener una pensión contributiva". A ellos les augura unas "pensiones miniatura".