Jospin, satisfecho por la acogida a su idea de la Europa social

París y Bruselas ya están casi de acuerdo. El presidente de la Comisión Europea, Jaeques Santer, expresó ayer, después de entrevistarse con el primer ministro francés, Lionel Jospin, su "absoluta confianza" en que el Pacto de Estabilidad monetaria fuera aprobado la semana próxima en Amsterdam. Jospin indicó por su parte que habían sido escuchadas sus quejas contra el excesivo monetarismo de la construcción europea. "Avanzamos", dijo con una sonrisa el jefe del nuevo Gobierno de izquierdas. La petición de una Europa social quedará atendida con una resolución de igual rango que el Pacto de Estabilidad. La cuestión del Gobierno económico, a la que se opone Bonn, deberá dirimirse hoy entre Jacques Chirac, Jospin y Helmut Kohl.Santer presentó ayer, primero a Jospin y después al presidente Chirac, su propuesta para dotar de mayor contenido social a la Unión Europea (UE). El conservador Chirac apoyó a su Gobierno de izquierda: el Pacto de Estabilidad era imprescindible, dijo el presidente francés, pero también lo era dotar a la Unión Europea de una mayor sensibilidad social, en un doble sentido: lucha contra el paro y protección social.

"Lo que reivindicamos no concierne exclusivamente a Francia, sino al conjunto de los países europeos. Creo que nuestras preocupaciones han sido comprendidas", declaró Jospin, al acompañar a Santer hacia la puerta del palacete Matignon.

La propuesta de Santer, aceptada en líneas generales por el Gobierno francés, se basa en los artículos 102a y 103 del tratado de Maastricht, que prevén la coordinación de las políticas económicas y establecen que tanto el empleo como la protección social figuran entre los objetivos básicos de la Unión Europea. Apelando a esas referencias ya existentes en el tratado, Santer espera que los ministros de Finanzas de los Quince incluyan el empleo como una de las "grandes orientaciones de política económica", cosa que nunca han hecho hasta ahora. Un Gobierno que presentara una mala gestión en materia de empleo podría sufrir una amonestación pública, aunque no sanciones, como está previsto para el caso de una mala gestión presupuestaria.