Los Quince llegan a la cumbre de Amsterdam sin acuerdo sobre los grandes temas de la reforma

En la cumbre de Amsterdam deberá negociarse prácticamente todo lo importante. El borrador del nuevo Tratado de la Unión Europea, enviado ayer por la presidencia holandesa a los socios, confirma que la reforma será de mínimos y deja abiertos los grandes conflictos: instituciones, defensa, libre circulación, justicia e interior, flexibilidad y empleo. La presidencia propone que la entrada en vigor de la reforma del voto en el Consejo se aplace hasta que la LTE se amplíe al menos con dos nuevos socios. "A la cumbre de Amsterdam llegan muchos más temas abiertos que a la de Maastricht", comparó el comisario responsable de Asuntos Institucionales, Marcelino Oreja, para quien el texto es satisfactorio, si no se modifica a la baja.

Los asuntos que se dejan a los líderes para que diriman versan sobre todos los asuntos principales, pero quedan también abiertos contenciosos de menor calado: las dos principales reivindicaciones españolas (el asilo y el estatuto de Canarias), Europol, subsidiariedad, televisiones públicas o transparencia. Todo ello provoca que el Tratado esté, según el comisario español, "en el filo de la navaja"."La dificultad consiste en que el tope máximo al que pueden llegar los Gobiernos coincide con el mínimo al que aspira la opinión pública", de modo que si se rebaja, será claramente insuficiente, opinó el comisario. La presidencia lanza una nueva fórmula para superar un grave escollo: la reforma institucional. Propone hacerlo en tres fases. No tocar nada -ni la ponderación del voto ni la composición de la Comisión- mientras la Unión no se amplíe con más de dos nuevos Estados.

Llegado ese caso, entra en vigor la nueva ponderación de votos -que se habrá dejado ya pactada en la actual reforma- y la Comisión pasará a tener un comisario por cada Estado. Así, los cinco grandes (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España) perderían uno de sus dos comisarlos actuales. La tercera fase regirá cuando haya más de 20 socios, es decir, cuando haya al menos seis ingresos. Entonces se haría una nueva reforma de la Comisión y se pactaría una nueva reponderación del voto.

España admitiría que la nueva ponderación del voto del Consejo entre en vigor cuando se amplíe la Unión, pero no cuando integre tres nuevos socios, sino en cuanto ingrese uno. Exige también la garantía de que el compromiso de Ioannina, que debía caducar con la entrada en vigor del nuevo Tratado, se prolongue hasta la ampliación. Este compromiso introduce mecanismos correctores cuando una decisión no obtiene la minoría de bloqueo actual pero sí la que se daba cuando la Unión la componían 12 Estados miembros. Busca mantener el peso que tenían los cinco grandes cuando sólo había siete pequeños.

Este es un asunto vital porque muchas políticas pasan a decidirse por mayoría cualificada, en vez de por unanimidad, reduciendo los vetos. Los grandes quieren aumentar su voto, haciéndolo algo más proporcional a su población, ante el futuro ingreso de los pequeños países del Este (lo son todos, salvo Polonia). El proyecto disgusta a los negociadores españoles en una de las reivindicaciones esenciales de Madrid: el estatuto de las regiones ultraperiféricas. Contempla las exigencias presentadas por Francia para sus Dom-Tom, entre ellas la toma de decisiones por mayoría cualificada, lo que se considera que puede ser perjudicial para las islas Canarias. La fórmula sobre el asilo es la misma que en el anteproyecto presentado hace una semana y que ya recibió el aval del presidente del Gobierno español, José María Aznar.

Otra de las sorpresas es la propuesta holandesa de que la incorporación del convenio de Schengen -que desmantela los controles en fronteras para la fiebre circulación de personas- al Tratado se realice a través del nuevo mecanismo de cooperaciones reforzadas, lo que permitirá al Reino Unido e Irlanda elegir a la carta los aspectos del convenio en los que se integran y rechazar los que no les interesan. Muchos países prefieren buscar fórmulas que permitan integrar a Londres y Dublín en Schengen aceptando que mantengan sus controles fronterizos, pero dándole al convenio un carácter comunitario pleno aunque unos temas se adopten por unanimidad y otros por mayoría. El convenio se mantenía fuera del Tratado y todas las decisiones se tomaban por unanimidad, porque era intergubernamental y no comunitario.

El desmantelamiento de controles debe completarse en cinco años. Las iniciativas podrá tomarlas la Comisión o cualquier Estado y se aprobarán por unanimidad. Pasado ese periodo transitorio, el mecanismo podrá hacerse más común: el monopolio de la iniciativa lo tendría la Comisión, la toma de decisiones se haría en algunos aspectos por mayoría cualificada y el Tribunal ejercería su papel de garante del derecho europeo. El convenio no le reconocía ningún papel. Era una de sus grandes lagunas.

En Política Exterior y Seguridad Común (PESC), las decisiones básicas las tomará el Consejo Europeo, por unanimidad, y serán ejecutadas por el Consejo de ministros, por mayoría cualificada. Sólo si un país considera que la decisión a adoptar afecta a su seguridad nacional, podrá impedirla.