La gran industria española tiene dos años de plazo para reducir sus vertidos contaminantes

¿Dónde pueden informarme? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto me costará? Industriales de las actividades más variadas deambulan por seminarios monográficos donde, a cambio de una inscripción de 120.000 pesetas, reciben malas noticias sobre el futuro de su sector si no se acomoda pronto a una directiva de nombre críptico IPPC (Prevención y control integrado de la contaminación). Los estados de la Unión Europea tienen dos años de plazo para transponer esta directiva revolucionaria. No trata de aplicar medidas correctoras a las emisiones. Pretende reducirlas en origen.

El despiste entre los industriales es patético. Uno de ellos, dedicado a la industria del vidrio, preguntaba esta semana en la sede central de la SEPI a un subdirector de Medio Ambiente: "¡Por favor, dígame dónde me puede enterar en qué afecta a mi empresa!". Los grandes ya están enterados: los del papel, la siderurgia, la industria química. Sus agrupaciones patronales tienen línea directa con sus homólogos de ámbito europeo, cuyas industrias punta ya tienen recorrido e camino hacia la homologación de unas tecnologías limpias, que serán las que impongan a sus colegas más retrasados.Son estos industriales avanzados los que han impulsado la elaboración de la directiva europea IPPC (10 de octubre de 1996) calificada de revolucionaria porque rompe con la cultura establecida hasta ahora en la legislación medioambiental, Aborda la prevención de los vertidos y emisiones dañinos en todos los ámbitos -agua, aire, suelo- del medio ambiente, a través del tratamiento integrado de la contaminación.

Todo lo que se ha intentado regular hasta ahora era la aplicación de medidas correctoras a las actividades contaminantes. Se ha legislado hasta ad infinitum; doscientas, trescientas normas que al final muy pocos cumplen, al amparo del eslogan "el que contamina paga". La nueva tendencia que marca la IPPC supone un giro copernicano. Se dirige al origen de la actividad que produce la carga contaminante, para aplicar en el proceso de fabricación medidas que reduzcan las emisiones.

Julia Pérez-Cerezo, consejera delegada de Environment, Transport & Planning, reconoce que la Comisión Europea está sometida a las presiones de los intereses económicos de grupos fuertes que señalan el camino. Estos grupos aventajados se distinguen por sus tecnologías punta en materia de medio ambiente y logran que la Unión Europea las eleve a normas de carácter obligatorio para todos los estados de la Unión.

"Si a un estado le surge un problema de impacto medioambiental con una carretera en construcción no le pasa nada. No deja de ser competitivo, por ello", añade Julia. "Pero si no cumples con una directiva del tipo de la IPPC, puede ocurrir que venga un industrial holandés y te acuse de incumplir la legislación; superas los límites de las emisiones y produces a precios más baratos porque no internalizas tecnologías limpias. Te acusa de competencia desleal y la Comisión envía un requerimiento al Estado español para que te cierren la fábrica".

Con la entrada en el euro y el mercado único, Pérez-Cerezo cree que toda aquella empresa que no sea eficiente desde el punto de vista medioambiental va a dejar de sobrevivir, no la van a dejar exportar.

Ventanilla única

La IPPC señala principios para conceder permisos a las instalaciones industriales, a través de una ventanilla única. Concede a los Estados miembros de la UE un plazo de ocho años para que revisen las viejas y dos para su trasposición, con efecto sobre las industrias de nueva planta. Una tarea ímproba. En España ni siquiera se conocen las que existen. "No hay datos", confiesa un alto funcionario de Medio Ambiente.Donde no entra la IPPC es en la fijación de los valores límites de las emisiones, ni en la organización de las autoridades competentes ni en la fijación de los límites de las emisiones. En la mayoría de los casos serán los propios sectores industriales quienes los marquen.

José Luis Asenjo, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL) afirma que han encargado a su asociación europea un informe para determinar esos límites. "Es mejor que lo hagan voluntariamente, que se comprometan; es la única manera de que lo cumplan", asegura Pérez-Cerezo.

A sectores como la siderurgia, que acaba de invertir cantidades enormes en su reconversión le llega la directiva en un pésimo momento. La costosa tecnología recién implantada no tenía en cuenta el compromiso que ahora se le plantea. Su adaptación, según Luis Iniesta, director del área de tecnología de la Unión de Empresas Siderúrgicas (UNESID) supondrá unos costes adicionales con los que no contaban.