Cataluña abre el camino

I. G. M. Un temor flota en todos los sectores industriales afectados por la entrada en vigor de la primera fase de la directiva IPPC -las grandes instalaciones-; que cada autonomía fije por su cuenta unos límites de emisión.

En los dos foros celebrados en Madrid días atrás sobre esta materia, el organizado por la Fundación Entorno o el del Instituto de Empresa en colaboración con Environment, Transport & Planning, ha sido unánime la petición de los industriales para que el Gobierno coordine con las autonomías la fijación de unos límites comunes.

De no ser así se producirían desplazamientos de industrias a territorios donde se haga la vista gorda. Pere Macías, Consejero de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña, aseguraba que sería deseable esa uniformidad. Su departamento es el que más ha avanzado en España en la transposición de la IPCC. Tanto es así que sus documentos sirven de referencia al propio Ministerio de Medio Ambiente, muy infradotado para poder abordar la tarea que le compete.

El parlamento catalán se dispone a aprobar una ley reguladora de la intervención integral de la administración ambiental con la IPPC como referencia. Tras negociar con los ayuntamientos y las comarcas, la Generalitat de Cataluña ha dispuesto que las licencias de las actividades industriales del anexo I de la directiva (un 2%) se tramiten en seis meses; las de contaminación moderada (20%) en las comarcales y ara las de baja contaminación (78%) basta con informar a los ayuntamientos.

El País Vasco lo tiene más duro. La carga contaminante e su industria es suerior. La Consejería de Medio Ambiente que dirige Patxi Ormazábal, ha avanzado la publicación de guías técnicas y tres libros blancos para ofrecer una aproximación del reto vasco ante los compromisos de la IPPC.