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El PP plantea una investigación general sobre los medios de comunicación entre 1982 y 1996

El Grupo Popular retirará su petición si los socialistas no indagan en la etapa de Aznar

El Grupo Popular en el Congreso pidió, ayer, formalmente, la creación de una comisión investigadora para esclarecer "todas las injerencias, presiones, tratos de favor y actuaciones abusivas en relación con los medios informativos de prensa, radio y televisión" entre 1982 y 1996, es decir, el periodo de Gobierno socialista. Al presentarlo ante la prensa, el portavoz del Grupo Popular, Luis de Grandes, aseguró que no tendría inconveniente en retirar su propuesta si los socialistas hicieran lo mismo con la que han presentado para investigar abusos de poder frente a los medios por parte del Gobierno de José María Aznar. El escrito del Partido Popular resulta un rosario acusatorio contra el Grupo PRISA.

De Grandes Insistió en que su iniciativa respondía estrictamente a la necesidad de responder a la del PSOE, al que acusó de actuar como un lobby "en defensa de intereses privados". Según De Grandes, su grupo no puede permitir que se les acuse de atacar las libertades y, en otro momento, dijo que no iban a permanecer "como don Tancredo". El PP, aseguró su portavoz, tendrá "una actuación receptiva pero proporcional al ritmo que quiera imponer el PSOE" y para ello "no hace falta pasar de la crispación al compadreo, sino hablar con naturalidad democrática". En la práctica ni siquiera sería necesario una retirada formal de ambas propuestas, que el próximo martes serán calificadas por la Mesa. Bastará con que duerman, sin activarlas parla mentariamente, lo que una alta fuente del Congreso consideró como probable.Entre la crispación y el posible diálogo quedó aprisionada PRISA en ocho folios del PP para pedir la comisión investigadora que son, casi integramente, un extenso preámbulo que el propio De Grandes incitó a leer a los informadores para que descubriesen algunas "perlas". El escrito, "a título puramente enunciativo", enumera "actuaciones abusivas" de las que la inmensa mayoría tendrían, de haber existido, relación directa con empresas de PRISA.

Utilización de medios

El texto sugiere que hubo acciones gubernamentales para el cierre del diario El Independiente, o para el cese de José Luis Gutiérrez como director de Diario 16. También se habla de "flagrante utilización de todos los medios de titularidad pública, desde la Agencia Efe a RTVE"; de utilización por parte de "autoridades y portavoces gubernamentales de pintorescas teorías ( ... ) para descalificar a los medios no afines al poder"; y de "anuncios de acciones judiciales -en su mayor parte no consumadas- contra los medios que desvelaron los primeros escándalos de la corrupción socialista". A partir de ahí, y tras haber señalado la discriminación sistemática "en favor de determinados medios" facilitándoles la filtración de informaciones, el texto enumera, entre otros, los siguientes supuestos que coinciden con las acusaciones vertidas habitualmente desde medios como la COPE o El Mundo: Concursos de concesión de nuevas emisoras de FM.

Venta de la participación del Estado en la SER.

Autorización de la absorción de emisoras de Antena 3 por la SER.

El PP añade que tras los tres hechos anteriores "se produjo el otorgamiento al holding Multimedia PRISA del 38% del total del mercado radiofónico, representado por más de 370 emisoras del total de 900 existentes en España".

Concesión del "canal de televisión codificado de pago en exclusiva al mismo holding Multimedia".

Vicisitudes del accionariado de Antena 3 "a partir de la salida del mismo del grupo Godó".

"Conocimiento exhaustivo de las circunstancias concurrentes en la adquisición de los derechos de retransmisión del fútbol profesional".

Motivos para establecer "seis meses antes de las elecciones de 1993", "un tipo de IVA reducido para los descodificadores de televisión".

Modificación de las normas reguladoras de los descodificadores, tres meses antes de las mismas elecciones.

Variación de principios "respecto a la configuración de servicio público en las regulaciones legales de las, televisiones por satélite y por cable".

"Acuerdo secreto entre Telefónica y Canal + el 26 de julio de 1995".

Razones para adoptar "el acuerdo -dos días antes de las elecciones generales de 1996- entre Telefónica y Canal + para la explotación del cable".

A una pregunta sobre la posibilidad de que no se renovara la concesión a Canal +, algo que tendrá que resolverse en 1999, De Grandes respondió que no creía que "el aumento del pluralismo pase por no renovar concesiones" y, pese a que en el texto del escrito del PP se menciona expresamente como posible extremo a investigar la concesión a Canal +, el portavoz aseguró rotundo que "este Gobierno no se dedica a cercenar situaciones legítimamente adquiridas, al margen de cómo se produjeron".

De Grandes dijo en otro momento que su actuación derivaba de "un compromiso electoral del PP" y que no querían "pasar la página en sentido contrario ni pedir responsabilidades a quien ya no se le pueden pedir", en referencia al Gobierno socialista, sino de aclarar a la ciudadanía cómo se comportó el PSOE.

De Grandes también hizo una defensa encendida del secretario de Estado para la Comunicación, Miguel Ángel Rodríguez, al tiempo que reprochó a CiU su contribución a lo que llamó "linchamiento". Criticó a los grupos que se opusieron a que compareciese ante la Comisión Constitucional el jueves pasado, tal y como Rodríguez había solicitado para explicar las acusaciones de amenazas que Antonio Asensio, presidente de Antena 3 formuló contra él en esa comisión. Atribuyó el retraso al propósito de "prolongar el linchamiento".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 24 de mayo de 1997