España: veinte años en la casa común

El próximo mes de noviembre se cumplirá el vigésimo aniversario del ingreso de España en el Consejo de Europa, en pleno proceso de transición política hacia la democracia. Los españoles saben mejor que nadie cómo el aislamiento de su país del resto del continente europeo durante el presente siglo ha ido asociado a la regresión de sus libertades. Por eso no es extraño observar que, en estas últimas dos décadas, España se ha situado a la vanguardia de la integración europea, y hoy es uno de los principales garantes de la paz y de la estabilidad en el continente, que se implica directamente (incluso corriendo no pocos riesgos) en el conflicto bosnio y en la crisis albanesa.El Consejo de Europa le ha respaldado durante estos años aportando ciertas recomendaciones, consciente de que ayudando a España se estaba ayudando a sí mismo. Porque fueron Europa entera y sus valores democráticos los que salieron reforzados del fracaso del golpe, de Estado de febrero de 1981, gracias a la voluntad de la inmensa mayoría de los españoles y a la decisión del rey Juan Carlos, que demostró inequívocamente que para él la monarquía sólo tiene sentido si está al servicio del Estado de derecho y de las libertades de sus ciudadanos.

El Consejo de Europa también ha recibido la aportación inestimable de los principales responsables políticos de la etapa democrática, algunos de los cuales se han implicado directamente en el funcionamiento de la institución y en el reforzamiento, de los mecanismos que aseguran la salud de nuestras democracias. Bastarán como ejemplos los nombres de José María de Areilza y de Miguel Ángel Martínez, que presidieron la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa entre 1981 y 1983, el primero, y entre 1992 y 1996, el segundo. O el de Marcelino Oreja, que entre 1984 y 1989 ostentó la misma responsabilidad de secretario general de la organización que ahora yo tengo el honor de desempeñar.

Gracias a ellos y a muchos otros, el sistema español de las libertades (simbolizado en la Constitución de 1978) ha madurado en esta casa común de las democracias del Viejo Continente que es el Consejo de Europa. Al mismo tiempo, el Consejo de Europa ha ido acogiendo nuevos Estados miembros, tras el derrumbe del sistema soviético, para los que España ha sido y es un referente de transición pacífica a la democracia, basada en el compromiso y en la reconciliación.

Pero la presencia de España como modelo no se limita a -su pasado reciente, sino que tiene una actualidad bien presente. Sin embargo, la democracia no es algo que se alcanza de una vez para siempre; no es un fin, sino un instrumento de convivencia para asegurar el mantenimiento de los derechos y las libertades de todos los ciudadanos frente a nuevas realidades, y por eso necesita ser revivificada continuamente. También en España. Amenazas para la democracia como la corrupción, la delincuencia organizada o la desigualdad social, por no citar más que tres, son bien reales y atentan de lleno contra el proyecto de una Europa en paz y en estabilidad. Ésos son hoy sólo algunos de los retos del Consejo de Europa, que tiene encomendada la función de mantener la seguridad democrática.

La labor de preservación de los derechos humanos, punto de arranque de la organización allá por 1949, no se limita a la posibilidad que tendrán los ciudadanos de acudir directamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos después de haber agotado las vías de recurso interno en su propio país. Así, el Comité' para la Prevención de la Tortura tiene una misión relevante, porque también las personas privadas de libertad por haber atentado contra las normas de convivencia siguen conservando sus derechos, aunque se encuentren, en una situación de mayor desvalimiento para defenderlos frente a posibles abusos del Estado y de los que ejercen su autoridad.

Una de las áreas en las que el Consejo de Europa se está mostrando más activo en los últimos años es la corrupción, consciente de que se trata de, un fenómeno bastante extendido en los países miembros, con caracteres a menudo transnacionales y un gran poder desestabilizador, en la medida en que afecta a valores básicos como la equidad y la justicia. Así está reflejado en un plan de acción contra la corrupción para el cuatrienio 1996-2000 y en otras iniciativas que no pierden de vista que muchas organizaciones delictivas -se sirven de la corrupción para lograr sus fines y mantenerse en la impunidad. Cabe esperar, por ello, que la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los 40 países, miembros del Consejo de Europa que se celebrará en Estrasburgo en el mes de octubre establezca, como estructura permanente de vigilancia, un observatorio contra la corrupción y el crimen organizado para velar por el respeto de los compromisos.

El crimen organizado y su expresión más superlativa, la Mafia (infiltración de los aparatos del Estado por esas organizaciones delictivas), suelen estar en contacto con actividades altamente lucrativas, como el tráfico de drogas ilícitas, poniendo en grave peligro los fundamentos del Estado de derecho y las libertades ciudadanas. El tema será discutido por los ministros que participen en una nueva conferencia del Consejo de Europa sobre los problemas ligados al abuso de droga s y a su comercio ilegal que se desarrolla estos días en la localidad noruega de Tromso. Los ministros europeos van a definir allí las directrices de trabajo común para los próximos tres años a la vista de las evoluciones más recientes.

Como vengo evocando a lo largo de este artículo, el Consejo de Europa sigue esforzándose por adecuarse a los problemas de los ciudadanos de nuestro continente, que desde 1989 han visto cómo la dinámica de enfrentamiento de bloques daba un giro copernicano. Hoy, los países que se han incorporado a nuestro foro de las democracias necesitan nuestra ayuda a todos los niveles para evitar cualquier regresión autoritaria, y por nuestra propia seguridad. Es el caso de Chechenia, Bosnia-Herzegovina o Albania, donde el Consejo de Europa trabaja con la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y con la Unión Europea (UE) para el restablecimiento de la policía y del sistema judicial, la protección efectiva de los derechos humanos y la organización de nuevas elecciones. Albania y otras regiones de la cuenca mediterránea son, como saben los españoles, vitales para nuestra estabilidad democrática.

Para redefinir el nuevo papel que la organización está destinada a desempeñar, la nueva presidencia francesa del Consejo ha convocado una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros que se celebrará en Estrasburgo los próximos 10 y 11 de octubre. De esta manera tendremos en perspectiva las decisiones que se hayan tomado en las de la Unión Europea de junio en Amsterdam y en la de la Alianza Atlántica de julio en Madrid. Nuestra cooperación, reforzada en los últimos tiempos, con la UE y con la OSCE tiene que seguir complementándose. Si la OSCE es una institución para afrontar las situaciones de crisis una vez que han estallado, el Consejo de Europa trabaja en la prevención de esos conflictos, y sirve también como foro de control democrático, de los países que aspiran a incorporarse a la Unión Europea (ocurrió en el pasado con España). La paz y la estabilidad en Europa dependen de la existencia de mecanismos de cooperación que sirvan en todo el continente, incluida Rusia. Y el Consejo de Europa es la única organización democrática que asegura esos requisitos.