Concierto 2000

LA IDENTIFICACIÓN con el Concierto Económico, herencia de la autonomía foral tradicional, es una de las principales señas de identidad compartidas por la sociedad vasca, tan plural en otros aspectos. Sólo la existencia del concierto ha permitido suplir con inversión pública (que se ha multiplicado por ocho en los últimos 20 años) el derrumbe de la privada, que en ese periodo cayó cuatro veces más que la media del conjunto de España. Sin esa inversión, una sociedad industrial en declive que entre 1975 y 1990 perdió, tan sólo en Vizcaya, más de 100.000 empleos -sometida, además, a la amenaza del terrorismo- no habría podido mantener una mínima cohesión social.De ahí la significación del acuerdo alcanzado por los vicepresidentes de los Gobiernos central y vasco, Rodrigo Rato y Juan José Ibarretxe, sobre la ampliación del concierto y la nueva ley quinquenal de cupo. Sobre todo, porque este quinquenio es el último de vigencia del concierto aprobado en 1981. Su renovación debe hacerse en el 2001, en principio- para un periodo de 25 años. Por eso interesaba encauzar desde ahora algunas dificultades de interpretación o surgidas por efecto de las nuevas realidades económicas, como la supresión de los monopolios fiscales (tabaco, hidrocarburos ... ), la integración en la Unión Europea, etcétera.

El acuerdo, que habrá de ser ratificado en los próximos días por la comisión mixta de cupo y aprobado por las Cortes, sólo puede valorarse desde la aceptación del carácter singular del Concierto Económico. Una singularidad histórica expresamente reconocida en la Constitución y el Estatuto de Gernika y que es por su propia naturaleza, pero también por razones funcionales, de imposible generalización.

Con la modificación del concierto las haciendas vascas recaudarán en su territorio los impuestos especiales (hidrocarburos, alcoholes y tabaco), así como los tributos correspondientes a las personas físicas y jurídicas no residentes, y dispondrán de capacidad normativa plena sobre el IRPF, con unas limitaciones pactadas en su ejercicio que no se han precisado. Esta ampliación es acorde con la lógica del concierto, que tiende a que sean las diputaciones forales las que gestionen todas las figuras tributarias, (excepto las municipales). El concierto vasco ya experimentó en 1985 una adaptación similar tras el ingreso en la Comunidad Europea y la introducción del IVA.

En lo que se refiere al cupo -contribución a las cargas generales del Estado no transferibles: Defensa, Casa Real, Servicio Exterior...-, Rato ha renunciado a su pretensión inicial de revisar a fondo la metodología de cálculo que se viene empleando desde 1981. Con ello el Gobierno ha pretendido neutralizar eventuales críticas de los socialistas, que aceptaron en las revisiones quinquenales de 1986 y 1991 los criterios pactados en 1981 por el Gobierno de UCD. La concertación de los impuestos especiales -excluidos antes por corresponder a monopolios estatales- va a suponer la recaudación adicional de unos 128.000 millones de pesetas al año, cantidad que entrará a formar parte del cupo a pagar al Estado. Ello permitirá conjurar el fantasma del cupo negativo, es decir, la posibilidad ilógica de que fuera el Estado el que tuviera que pagar a la comunidad autónomaHabrá que esperar a que se divulgue la letra pequeña de los textos para valorar algunos aspectos de lo pactado y comprobar si su resultado es neutral desde un punto de vista financiero, tal como ha anunciado Rato. El proceso de negociación, que se ha prolongado durante más de un año, no ha sido ciertamente un modelo de transparencia. La inclusión de una materia tan central de la autonomía vasca en un pacto entre partidos -PP y PNV-, no era el mejor procedimiento para abordar la ampliación del concierto y la revisión del cupo. Entre otras razones, porque somete un instrumento institucional, que nadie puede pretender patrimonializar, a la dinámica del chalaneo político y el comercio de favores.

Precisamente porque el Gobierno vasco tenía argumentos poderosos en favor de un acuerdo como el ahora alcanzado se entiende mal que el PNV haya aceptado mezclar con el concierto asuntos que nada tienen que ver con la financiación de la comunidad vasca. Dice poco en favor de la coherencia de ese partido centenario y democrático que para conseguir algo que está en la lógica de la autonomía vasca no haya dudado en prestar sus cinco votos del Congreso a las más abusivas iniciativas legislativas del PP. Sólo desde esa confusión de planos se explica el entusiasmo con que el portavoz nacionalista en el Congreso, Iñaki Anasagasti, ha respaldado, en abierta ruptura con las tradiciones de su partido, la cruzada intervencionista del vicepresidente Álvarez Cascos en el ámbito de los medios de comunicación.