Realismo y asilo

EL DERECHO de asilo no puede ser nunca una coartada para los terroristas, pero mucho menos cuando se invoca dentro de la Unión Europea para eludir la extradición de un país a otro. El Gobierno español -González antes, Aznar ahora- ha llevado este asunto a la UE con el apoyo casi unánime de la opinión pública. Carece de sentido que ciudadanos de la UE, que viven en democracia y que pueden circular y establecerse libremente en todo el territorio de la Unión, puedan acogerse al derecho de asilo. Esta posición ha sido reiteradamente sostenida por este periódico.España ha empleado toda su capacidad política para evitar que se repita el caso de los dos supuestos etarras cuya extradición fue negada en su día por Bélgica. El Consejo Europeo de Dublín asumió en términos generales la propuesta española, y Aznar hizo una intensiva explotación del éxito. No faltó el estrambote de que el nuevo Gobierno había conseguido en seis meses lo que su antecesor no pudo lograr en años.

La evolución posterior de esta propuesta ha demostrado que para algunos países resultaba inasumible una eliminación tan radical del derecho de asilo incluso dentro del territorio de la UE. Algunos países -Francia entre ellos- plantearon dificultades constitucionales, a las que se sumaron las reservas presentadas por organismos internacionales como ACNUR. El debate se endureció bajo la perspectiva de una próxima incorporación al club europeo de países del Este que se encuentran aún en fase de transición política y en los que no se pueden descartar procesos de involución. Pese a estas dificultades, nuestro país presentó en febrero un Memorándum de España sobre la inadmisibilidad del asilo para ciudadanos de la Unión, en el que proponía incluir en el futuro estatuto europeo de ciudadanía la siguiente cláusula: "Ningún Estado de la Unión admitirá a trámite una petición de asilo o de refugio político formulada por un nacional de otro Estado de la Unión". Pero el riesgo de que una posición maximalista arruinara cualquier acuerdo llevó a la diplomacia española a modular su propuesta, siempre sin renunciar al objetivo fundamental de impedir que los terroristas puedan protegerse bajo el derecho de asilo. Matutes asumió la necesidad de sustituir la supresión por una limitación tasada.

Según la última fórmula -que ya no se refiere al articulado del nuevo tratado, sino a un protocolo anejo-, las peticiones de derecho de asilo político en los Estados de la UE para sus ciudadanos sólo se considerarán en tres supuestos: que en el país de origen se haya decretado un estado de excepción, que se hayan violado las reglas democráticas a juicio de una muy amplia mayoría del Consejo de Ministros de la UE o, finalmente, que un Estado así lo decidiera ante un caso de persecución política reconocida por la Convención de Ginebra sobre los refugiados.

En este último y, significativo caso, se concedería a los Estados la facultad de estudiar una demanda de asilo político durante seis meses tras pronunciarse el Consejo por mayoría cualificada. Todo ello con la posibilidad de que el tribunal de justicia comunitario tome cartas en el asunto. En teoría, se reforzaría así el sistema de vigilancia colectiva de las libertades en los Estados miembros. Es legítimo dudar de si este sistema tendrá el efecto buscado por España: evitar que se compliquen los procedimientos de extradición. En todo caso, no bastará con limitar el derecho de asilo; será también necesario reformar las legislaciones nacionales europeas en materia de extradición.

Este periódico explicó ayer con detalle la nueva propuesta diciendo. que el Gobierno español renuncia a "eliminar el derecho de asilo entre los países de la UE". Por ello, el presidente Aznar, de viaje oficial en Buenos Aires, nos acusó de desinformar. Pues bien, la noticia es hoy tan cierta como ayer. La declaración del presidente es sólo una muestra -una más- de su dificultad para encajar cualquier información no propagandística y de su obsesión por EL PAÍS. Ya nos acusó de ser los promotores de la campaña alemana para dificultar el ingreso de la peseta en el euro -algo que recordó ayer-, y vuelve a hacerlo ahora con el derecho de asilo.

En una cosa tiene razón: éste es un tema que interesa a España, no sólo a este Gobierno. Siempre lo hemos entendido así y hemos apoyado el planteamiento de máximos que hizo González en su día y que ha mantenido Aznar. Seguirnos sosteniendo que entre países democráticos que se reconocen entre sí el libre movimiento de personas no tiene sentido invocar el derecho de asilo. Pero a veces vale la pena sacrificar aspectos accidentales para salvar lo fundamental. Y lo fundamental es que los terroristas etarras no puedan encontrar refugio en un país de la UE. Los exabruptos de Aznar no nos impedirán seguir defendiendo este punto de vista.