Pujol sólo apoyará el plan de estabilidad si Cataluña recibe 60.000 millones para Sanidad

La Generalitat catalana condiciona su apoyo al plan del Gobierno para reducir el déficit público a que se satisfaga su reivindicación de 60.000 millones más para financiación sanitaria en 1998. Así lo comunicó ayer el consejero de Economía de la Generalitat, Maciá Alavedra, a los ministros de Economía, Rodrigo Rato, y de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El objetivo del encuentro era, para el Gobierno, explicar a los consejeros de Hacienda de las comunidades el plan de estabilidad, y comprometerles con una reducción del déficit público del 0,3% del PIB al 0,2% de 1998 en adelante, para cumplir los compromisos marcados en Maastricht. El plan será aprobado hoy por el Consejo de Ministros.

La condición presentada por la Generalitat catalana, que sorprendió a los consejeros de Hacienda de las demás comunidades autónomas, coincide con un momento de tensión política con el Gobierno protagonizado por Jordi Pujol. A la expresión de "pasar por el aro" aplicada al Gobierno del PP por parte del presidente de la Generalitat, unida, el mismo miércoles, al recuerdo de su papel clave en la gobernabilidad, suma ahora su reserva hacia el plan de reducción del déficit público como arma de presión para la consecución de sus objetivos en materia de financiación sanitaria.

Eje reivindicativo

La financiación de la sanidad se ha convertido en el eje de las reivindicaciones de la Generalitat catalana, una vez consumado el acuerdo con el Gobierno sobre financiación autonómica y cerrado, esta misma semana, el traspaso de la competencia de Tráfico. El ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato, quitó importancia a la pretensión de la Generalitat sobre la financiación sanitaria y confió en que se conozca cuanto antes el dictamen sobre dicha reforma. Rato siguió a rajatabla la consigna del presidente del Gobierno, José María Aznar, de no entrar en polémicas sobre los últimos desplantes de Jordi Pujol y la Generalitat, con la confianza puesta en que las tensiones no llegarán al límite de la ruptura.La Generalitat catalana marcó la sorpresa de la reunión del Consejo, pero no fue la única. Las tres comunidades del sur, gobernadas por el PSOE -la Junta de Andalucía, la de Extremadura y la de Castilla La Mancha- contestaron al Gobierno con una abstención. Todas ellas repitieron la posición que ya mantuvieron en Cádiz, hace casi tres meses, en la sesión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. En esa ocasión, el Gobierno ya anunció a las comunidades autónomas una reducción progresiva del déficit público entre 1998 y 2001.

La consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, la socialista Magdalena Álvarez, justificó su posición abstencionista ante el plan de reducción de déficit público del Gobierno por el desconocimiento de los ingresos que percibirá su región en aplicación del nuevo modelo de financiación autonómica que ha rechazado. Magdalena Alvarez calificó la reunión de "vacía de contenido", por la ausencia de una explicación del ministro sobre el cambio del escenario macroeconómico respecto a las previsiones presupuestarias y sus repercusiones en las comunidades autónomas. Una posición similar defendió el consejero de Hacienda de la Junta de Extremadura, el también socialista Manuel Amigo.

El Gobierno anunció también la creación de una comisión para estudiar sanciones a las comunidades que incumplan los compromisos de reducción del déficit, según modelos europeos. El ministro de Economía no se definió sobre la posibilidad de que las comunidades culpables sean penalizadas con una congelación de los fondos comunitarios europeos. Asimismo, los representantes de algunas comunidades autónomas defendieron u e también se gratifique a quienes cumplen con dichos compromisos.