La última vuelta a la tuerca

La ley Helms-Burton es la última medida de Estados Unidos para recrudecer el embargo económico contra Cuba, aunque sólo es una más de las que Washington ha aprobado para asfixiar al Gobierno de Fidel Castro desde hace 35 años. Se trata de una ley que persigue desincentivar la inversión extranjera en la isla. Para conseguirlo, afecta a todas aquellas empresas, sean de la nacionalidad que sean, que "trafiquen" con bienes expropiados por la revolución cubana a ciudadanos estadounidenses con posterioridad al 1 de enero de 1959.Estados Unidos dio el primer paso en la aplicación de la ley Helms-Burton el 29 de mayo de 1996 con la advertencia formal a una decena de empresas de México, Canadá e Italia de que serían sancionadas si no ponían fin a sus inversiones en Cuba en un plazo de 45 días. La lista elaborada por la Fundación Nacional Cubano-Americana, el lobby del exilio cubano en EE UU, incluía una cuarentena de empresas españolas. Las primeras empresas españolas en anunciar la cancelación de sus proyectos en la isla fueron Paradores de Turismo y Occidental Hoteles, en junio del pasado año. Un mes más tarde, Washington amenazaba con sanciones a la cadena hotelera española Sol-Meliá, a la licorera francesa Pernod-Ricard y a la agrícola israelí BM.

Como réplica a las amenazas de Estados Unidos, la Unión Europea inició a finales de julio la confección de una lista negra de empresas de EE UU que discriminan a las sociedades europeas e interpuso a principios de octubre un recurso contra la ley ante la Organización Mundial de Comercio. Recientemente, Washington advirtió que no reconocería la sentencia de la OMC al respecto.

La dureza de la política exterior española para con Cuba dio sus frutos y, en el curso de una visita a Madrid, el enviado de la Casa Blanca Stuart Eizenstat se comprometió informalmente a no sancionar a las empresas españolas instaladas en la isla caribeña.