El Gobierno concede a los centros más poder para seleccionar a sus alumnos

Los colegios y los institutos de las 10 comunidades administradas por el Ministerio de Educación podrán asignar un punto del baremo de admisión de alumnos a cualquier "circunstancia libremente apreciada" por los centros. El Gobierno no ha tenido en cuenta el rechazo a ese criterio planteadopor el Consejo Escolar del Estado, cuyo informe no es vinculante. La pérdida de influencia de la cercanía al centro como elemento del baremo es otra de las principales modificaciones del Real Decreto por el que se regula el Régimen de Elección de Centro Educativo, aprobado ayer por el Consejo de Ministros y que entrará en vigor el próximo curso.

El punto de asignación discrecional concede a todos los centros financiados por el Estado (públicos y privados concertados) un amplio margen para seleccionar alumnos en aquellos casos en que haya más solicitudes que plazas. Eso sí, deben aplicarse criterios preestablecidos, públicos y objetivos, y en ningún caso pruebas o exámenes. En el preámbulo del real decreto se expresa la intención de combinar " elementos de carácter social con la consideración efectiva de la competencia de los centros en la admisión de alumnos".Con el sistema actual, vivir cerca del colegio era determinante para conseguir plaza, ya que residir en las "zonas de influencia" de los centros, que eran relativamente reducidas, valía cinco puntos. A partir del curso próximo, las zonas se amplían sustancialmente, el domicilio y el lugar de trabajo se consideran equivalentes, y la puntuación se reduce a cuatro en Primaria y tres en secundaria no obligatoria.

Si con las zonas reducidas se producían numerosos empates entre los aspirantes, es previsible que aumenten con las modificaciones aprobadas. Ahí entra en juego el valor del punto discrecional -rescatado de una norma que los socialistas aplicaron entre 1985 y 1993- como forma de desequilibrar la balanza.

Los sindicatos de profesores y de estudiantes, las asociaciones de padres de alumnos de la enseñanza pública y la oposición política acusan al Gobierno de favorecer a la enseñanza privada concertada, que se vería facultada para filtrar solicitudes de matrícula. Ser hijo de un antiguo alumno, haber cursado en el centro la educación infantil no subvencionada o tener un buen expediente son posibles criterios discrecionales.

Otra novedad es la mayor puntuación por tener hermanos en el centro (aunque sea en tramos de enseñanza no financiados por el Estado) y la "adscripción múltiple" entre colegios e institutos, de forma que un alumno que termine primaria pueda elegir, siempre que haya plazas, entre varios centros de secundaria. Hasta ahora la adscripción era única: de un centro a un centro.

. El Consejo Escolar del Estado, que dio el visto bueno global al texto, rechazó la puntuación discrecional y el propio título: Real Decreto por el que se amplía la Libertad de Elección de Centro. El ministerio redujo de 1,5 a 1 la puntuación y finalmente accedió a cambiar el título.

La ministra de Educación, Esperanza Aguirre, dijo ayer, tras el Consejo de Ministros, que el real decreto responde a uno de los principales compromisos electorales del PP y supondrá una contribución importante a la modernización y la igualdad de oportunidades. A una pregunta sobre si el Gobierno favorece a la enseñanza privada, Aguirre respondió que se trata de "un intento de desinformación y de utilización la educación en una batalla partidista". La ministra afirmó que la puntuación discrecional de los centros también está vigente en Cataluña (2 puntos), País Vasco (1), Navarra (3) y Canarias (I).

Carlos Ladrón de Guevara, presidente de la federación de padres de alumnos de la enseñanza pública (CEAPA), manifestó ayer que el decreto "sólo responde a criterios demagógicos y atiende las necesidades de un determinado tipo de centros que necesita hacer selección de sus alumnos".Comisiones Obreras considera que se abre una vía para que haya "centros de primera y de segunda" y vaticina un "trasvase progresivo de los centros públicos a los privados". Este sindicato anunció su propósito de presentar un recurso ante el Supremo.