El Parlamento exige los expedientes de Hacienda supuestamente prescritos

La comisión parlamentaria de investigación sobre los expedientes de Hacienda que el Gobierno del Partido Popular considera prescritos, y que generarian una deuda tributaria no cobrable de 200.000 millones de pesetas, se reunió ayer por primera vez y decidió, por unanimidad de sus miembros, pedir al Ejecutivo todos esos documentos y declarar las sesiones públicas, salvo cuando tengan carácter deliberante.

El presidente de la comisión, Jon Zabalía (PNV), anunció que todos los grupos estuvieron de acuerdo en solicitar los 600 expedientes afectados de posible prescripción.Sin embargo, el PP a través de sus diputados Jaime Ignacio del Burgo y Vicente Martínez Pujalte, miembros de la comisión, distribuyó entre los periodistas parte de la documentación remitida por el Gobierno, según la cual serían 5.244 expedientes los que generarían la deuda de 202.073 millones de pesetas.

El propio Zabalía se mostró más tarde sorprendido por este dato y, aunque el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, se refirió en su comparecencia en el Congreso a la posibilidad de que fuesen más de 4.000 los expedientes, reconoció que la comisión juega con la idea de que se trata de unos 600 y añadió que si definitivamente son más de 5.000 habrá que pedirlos todos.

La comisión estableció también un calendario de trabajo, de forma que volverá a reunirse el próximo día 19 y se abre un plazo hasta el 4 de abril para solicitar comparecencias.

Desde el Grupo Socialista siguen insistiendo en que nada está claro. Joaquín Leguina aseguró ayer que el Gobierno "no sabe si son 600 o 4.000 los expedientes y en ningún lado, dentro de la documentación remitida, aparece cuántos expedientes son ni qué deuda han generado" . Leguina recordó que el secretario de Estado de Hacienda ha podido individualizar casos concretos y que, si conoce esos datos, no hay ninguna razón para que se prive a los diputados de tener acceso a ellos.

A su vez, Del Burgo aseguró que, aunque el Grupo Popular, estuvo de acuerdo en solicitar los expedientes, "el PSOE está jugando de farol porque sabe que están amparados por el secreto. Si fuese posible que llegaran los expedientes, los socialistas correrían a retirar su petición".Más tarde, Del Burgo insistió en la idea de que, si se pudieran conocer los 600 nombres, la comisión "terminaría en dos minutos", en clara referencia al temor que, según él, albergan los socialistas a que se conozcan los titulares de la deuda tributaria.

Leguina y María Teresa Fernández de la Vega denunciaron por parte del PSOE que, entre la documentación remitida, el Gobierno ha incluido los expedientes de las llamadas primas únicas, algo que, según ellos, nada tiene que ver con el objeto de la investigación. Sin embargo, Del Burgo argumentó que, al haberse conocido públicamente los afectados por los casos de primas únicas y tratarse de un supuesto en el que el Gobierno desistió ante los tribunales, ello sirve para "intuir" que entre los expedientes afectados por la prescripción pueda haber nombres que resulten significativos.

El resto de los grupos mostró su satisfacción por el hecho de que la comisión tenga carácter público y por el acuerdo inicial de solicitar los expedientes de Hacienda.