Tres borradores para dejar huella

La iniciativa del Partido Popular de liberalizar la elección de centro se verá potenciada por la menor presión demográfica, que en algunas zonas ha creado un nuevo problema: escolarizar a los profesores que se quedan con pocos alumnos.La liberalización ha sido una de las banderas preferidas de la ministra de Educación, Esperanza Aguirre, que, sin embargo, se ha visto encorsetada en sus pretensiones por la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE). Las transferencias a las comunidades, cuya culminación está prevista para el 1 de enero 1998, pueden recortar el alcance del decreto, aunque es esperable que siente doctrina para los Ejecutivos autonómicos del PP.

Los populares saben que, con las transferencias en marcha, no disponen de muchos huecos para dejar su huella ideológica en el Boletín Oficial del Estado. La elección de centro era uno de estos campos, y en ello ha trabajado el director general de Centros Educativos, Francisco López Rupérez, uno de los principales expertos del PP y autor del libro La libertad de elección en educación.

La elaboración de la nueva norma ha sido de todo menos sencilla. López Rupérez ha visto rechazados dos borradores. El tercero, con fecha del 16 de enero, recibirá esta misma semana el visto bueno de la ministra, si acaso con algunos retoques. Su título es Real Decreto por el que se amplía la Libertad de Elección de Centro Educativo. López Rupérez lo considera "realista, gradualista y necesario para una sociedad, la española, que ha ido a contrapelo de su entorno en cuanto a libertad de elección".

El autor del decreto considera erróneo interpretar que los puntos de libre apreciación sean un instrumento de selección para los centros. A su juicio, el nuevo baremo tiene más capacidad para diferenciar a los aspirantes, por lo que no es previsible que se reproduzca la situación de múltiples empates de la actual regulación.

Una vez que sea aprobado por Esperanza Aguirre, el real decreto será enviado al Consejo Escolar del Estado y al Consejo de Estado y, tras los correspondientes informes, al Consejo de Ministros. Ello quiere decir que todavía le quedan unos dos meses de camino antes de convertirse en norma.