El Gobierno dará a los centros educativos más poder para seleccionar a sus alumnos

La posibilidad de que las familias puedan solicitar una plaza para sus hijos en mayor número de colegios o institutos vendrá acompañada de un amplio margen de maniobra para los centros públicos y privados concertados, que el próximo curso verán reforzadas sus competencias para admitir o rechazar alumnos. El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) tiene prácticamente ultimado un real decreto que modifica el sistema de admisión en enseñanza infantil, primaria y secundaria en las 10 comunidades que gestiona.La cercanía del domicilio ya no será determinante para la puntuación de los aspirantes, porque se ampliarán las denominadas "zonas de influencia" de los colegios e institutos. Además, el centro podrá otorgar 1,5 puntos complementarios por cualquier "circunstancia libremente apreciada", eso sí, aplicando criterios "públicos y objetivos".

En años anteriores se producían numerosos empates en el baremo de méritos. Teniendo en cuenta esa experiencia, este punto y medio permitiría beneficiar a los hijos de antiguos alumnos, captar a estudiantes de secundaria procedentes de centros afines o, en su caso, abastecerse tan sólo de buenos expedientes.

Una de las principales aspiraciones de los centros privados concertados, que ahora puede verse colmada, es la posibilidad de conceder esa puntuación complementaria a los niños de su propia cantera, aquellos que cursan en sus colegios la educación infantil (3-6 años), una etapa que los padres deben pagar de su bolsillo porque es un tramo no subvencionado en la enseñanza privada.

El Gobierno considera que el real decreto fomentará la calidad y la competencia entre los centros, supondrá un factor decisivo de modernización y no discriminará a la enseñanza pública. La respuesta de la izquierda es que, si a la red pública se le escatiman medios y a los centros concertados se les exime de atender a todo tipo de alumnos, incluidos los de minorías marginadas o con necesidades especiales, lo que en realidad está desencadenando el PP es una batalla desigual en la que la enseñanza pública lleva las de perder.

Vivir en el barrio del colegio, que hasta ahora era fundamental para obtener plaza, perderá importancia por una triple vía: las zonas de influencia se amplían, especialmente en secundaria; su puntuación se reduce (de 5 a 4 puntos en la enseñanza infantil y obligatoria, y a 3 en la no obligatoria), y se valoran también las zonas limítrofes (2 puntos), igualmente ampliadas.

Pero todo podría quedar en papel mojado si el decreto no llega al BOE antes del periodo de admisión, normalmente a mediados de abril. Para curarse en salud, en el texto se estipula que, si las zonas no cambian a tiempo en algunas localidades, "continuarán aplicándose las delimitaciones que estuvieren vigentes en el inicio del plazo oficial de presentación de solicitudes". Sería una contrariedad para el ministerio, ya que en el curso 1998-99 las competencias educativas estarán transferidas a las 10 comunidades que aún no las tienen.

Cuanto más amplias sean las zonas, más se reduce el peso del domicilio en el baremo de admisión y, por tanto, más importancia cobran los demás criterios, que en muchos casos pueden ser decisivos. La existencia de hermanos en el centro incrementa su valor: por ejemplo, tener dos hermanos valía antes 4 puntos y ahora valdrá 7. Será una modificación generalmente aceptada en la comunidad educativa. Junto a la proximidad y los hermanos en el centro, hay un tercer criterio prioritario, el de la renta familiar, cuyo peso (un máximo de 2 puntos) no cambia.

El PP rescata de un real decreto aprobado en 1985 por el PSOE los criterios complementarios, que los socialistas suprimieron en 1993. Son la familia numerosa, la proximidad del domicilio profesional de los padres (sólo en educación infantil y obligatoria), la minusvalía y "cualquier otra circunstancia libremente apreciada por el órgano competente del centro de acuerdo con criterios públicos y objetivos". Cada uno de los cuatro vale 1,5 puntos.

Prescindiendo de la "circunstancia libremente elegida", que permitirá al centro resolver casos sin necesidad de llegar al desempate, los criterios para deshacer la igualdad de puntos son el número de hermanos matriculados y la proximidad del domicilio, por ese orden, justo el contrario que el establecido por los socialistas. El PP introduce una novedad como tercer criterio de desempate: la renta familiar per cápita. La última forma de desequilibrar la balanza y asignar plaza seguirá siendo el sorteo.

"Adscripción múltiple"

Otra modificación relevante es la denominada "adscripción múltiple" de un centro de primaria a varios de secundaria. Al terminar primaria, los alumnos tienen derecho preferente a continuar sus estudios de secundaria en uno de los institutos adscritos, siempre que haya plazas. Actualmente, cada colegio está vinculado a un solo instituto. La Administración socialista implantó en Getafe (Madrid) una experiencia de adscripción múltiple que fue bien acogida por las familias por la posibilidad de elección y los efectos de la competencia entre los centros.Con la nueva normativa, quienes prefieran solicitar un centro ajeno ya no perderán, como sucedía antes, su derecho natural a seguir en uno de los adscritos si es que cambian de opinión o no encuentran plazas. Es previsible que esta flexibilización conlleve complicaciones administrativas para cuadrar solicitudes y plazas, además de las dificultades propias de la coordinación académica a varias bandas.