Jugar con fuego

COMO ERA de prever, el caso de los 200.000 millones que supuestamente ha perdido Hacienda por la también supuesta prescripción de 600 inspecciones fiscales ha derivado en una polémica enconada. El gravísimo desastre fiscal anunciado por Rato y Costa, coreado por Aznar como una agresión colateral a los funcionarios que sufren la congelación de sus salarios, -concluyó momentáneamente el lunes pasado, en sus aspectos técnicos, con una sentencia del Tribunal Supremo que deja a los trompeteros de la catástrofe en posición ridícula.La sentencia del Supremo, esa que supuestamente iba a sentar jurisprudencia junto- con la de febrero de 1996, reduciendo así en 200.000 milloñes los ingresos de la Hacienda pública, ni sentará jurisprudencia ni tan si quiera tiene que ver con el caso anterior. Se limita a certificar que el período de inspección no puede ser interrumpido durante más de seis meses, algo que ya impone el reglamento de, la Inspección. El debate de los 200.000 millones es otro: si ese plazo máximo incluye o no el período de líquidación.

Es probable que otras sentencias aclaren definitivamente esta cuestión y, en virtud de ellas, se produzcan, en efecto, prescripciones de muchas actas. Pero la conocida el lunes en ningún caso justifica la alarma por la prescripción inminente. La pregunta es casi automática: ¿es posible que Hacienda estuviera tan mal informada de un litigio en el que es parte, hasta el punto de generar, cuando menos prematuramente, esta alarma social? ¿Desconocía Hacienda los términos exactos del recurso? No dice mucho a favor de la competencia de sus actuales gestores esta monumental equivocación sobre el motivo de una supuesta sentencia decisiva.

A pesar de que la sentencia desmiente momentáneamente las acusaciones políticas sin pruebas lanzadas por Aznar y Rato, quienes sugirieron de forma más que implícita la idea de que el Gobierno anterior habría favorecido supuestamente a sus amiguetes mediante retrasos que acabaran en prescripciones, ni el Gobierno ni el Partido Popular parecen dispuestos a reconocer su precipitación y mantienen las acusaciones iniciales como si estuvieran fundamentadas. Ayer, en el Congreso, el portavoz del PP en la Comisión de Economía, Ramón Aguirre, ejerció de ventajista político cuando anunció que el Gobierno no hará públicos los nombres de los afectados porque supondría una ilegalidad. ¡Menos mal! Al menos anuncia que cumplirá la ley. De esta forma tan previsible, el acusado, en este caso el Gobierno anterior, queda incapacitado para defenderse de unas acusaciones -hasta ahora sin pruebas- para las que no se han tenido en cuenta tales escrúpulos de legalidad. El portavoz del grupo Popular, Luis de Grandes, volvió a rematar que "el comportamiento tiene toda la apariencia de favorecer a algunos".

Probablemente tiene razón Felipe González cuando asegura que "estamos ante una situación muy delicada" porque "es la primera vez que se utiliza políticamente a Hacienda". Pero no la tiene cuando propone como solución una proposición de ley que autorice "por esta vez" el levantamiento del secreto fiscal para que se conozca la supuesta lista de amigos beneficiados por el Gobierno socialista. Aquí también hay ventajismo, porque el expresidente no ignora que tal cosa es imposible: el secreto protege al contribuyente y obliga a Hacienda hasta que haya sentencia judicial. El Parlamento puede cambiar las leyes cuanto guste, pero en un Estado de derecho no puede darles carácter retroactivo.

La solución más correcta se tomó ayer en la Diputación Permanente del Congreso, cuando se aprobó la próxima comparecencia del secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, para que explique la polémica de los 600 expedientes en peligro de prescripción, aunque le habría correspondido a Rato esta comparecencia ante la Cámara, puesto que en la concepción del PP un secretario de Estado no forma parte del Gobierno.

Costa tiene una difícil tarea: debe explicar el fundamento de las acusaciones; aclarar si el equipo anterior hizo o no las advertencias oportunas a los nuevos res ponsables de la Agencia Tributaria; y explicar, si se hubieran hecho, por qué no se ha agilizado desde entonces la gestión de los expedientes afectados. Y sobre todo, qué medidas activas ha tomado Hacienda -la actual- para minimizar el efecto de las modificaciones legales en favor de una inspección fiscal más reducida.