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La acusación no se personó en el juicio a ecologistas en Lanzarote

El pulso que mantiene el Ministerio de Defensa con autoridades locales de Lanzarote y la Coordinadora Antimilitarista de la isla por las obras de infraestructura militar que se vienen realizando en el Risco de Famara, en la costa noroeste, ha entrado en una nueva fase tras el juicio celebrado ayer contra nueve manifestantes que trataron de paralizar las obras en mayo del pasado año. En el juicio, en Arrecife, no se personó la acusación (el propio ministerio), lo que impedirá, según fuentes jurídicas, que se produzca una condena.Coincidiendo con el juicio, Adena, la CODA y El Guincho han anunciado que estudian la interposición de una querella contra el Ministerio de Defensa por un delito ecológico, recogido en el nuevo Código Penal.

La apertura de otra zanja en las obras y el levantamiento de una nueva alambrada provocó hace algunas semanas un enfrentamiento con los militares, en el que se produjeron, según testigos presenciales, tiros al aire.

Tras los daños detectados en una especie vegetal y un yacimiento funerario aborigen, el Congreso de los Diputados, a iniciativa de Izquierda Unida, aprobó la realización de un estudio de impacto ambiental que todavía no se ha hecho público.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 17 de enero de 1997