La Fiscalía de Roma pide el procesamiento del primer ministro italiano por tráfico de influencias

Romano Prodi confirmó ayer la regla de que un primer ministro italiano debe temer más a os jueces que a la opinión pública o los mercados. En circunstancias que recuerdan a cuando Berlusconi recibió su primera citación judicial mientras presidía una cumbre sobre delincuencia en Nápoles, Prodi supo, horas después de que en Bruselas se reafirmara la confianza en Italia readmitiendo a la lira en el Sistema Monetario Europeo, que la Fiscalía de Roma ha pedido su procesamiento por un delito de tráfico de influencias. Prodi declaró que este incidente es menor y que no le impedirá seguir gobernando.

Prodi puede tener razón, porque al menos una de las figuras penales que se le imputan -el abuso de cargo público- es tan vaga y polémica que está siendo revisada por el Parlamento con el acuerdo de todos los grupos políticos. La otra, más comprometedora, es que favoreció indebidamente a Unilever, multinacional para la que el primer ministro trabajó en el pasado. Si la Audiencia de Roma diera curso al proceso, es indudable que Prodi se vería obligado a dimitir.La petición formulada ayer por la fiscal Giuseppa Geremia debilita al jefe del Gobierno, precisamente cuando acaba de lograr un éxito europeo que demuestra su capacidad de gobernar sobre las presiones de los partidos. Esa capacidad no gusta a la oposición, que se ha mostrado implacable, pero tampoco complace del todo a Massimo D'Alema, secretario del Partido Democrático de la Izquierda (PDS), el mayor del bloque que apoya al Ejecutivo. D'Alema persigue una estrategia política distinta de la de Prodi.

El líder del PDS llamó ayer a Prodi por teléfono desde Lisboa para expresarle la plena estima y confianza, y la plena solidaridad" de su partido "en un momento especialmente fructífero de la actividad de Gobierno". Berlusconi dijo que lamenta este incidente y que desea "sinceramente que el presidente del Gobierno no pase por un calvario personal" como el que sufrió él. Sólo el líder de Alianza Nacional (AN), Gianfranco Fini, se mostró agresivo, al afirmar que las acusaciones contra Prodi constituyen "un feo asunto que no se debe minimizar".

La investigación romana, que arranca de una denuncia de un accionista minoritario trasladada por AN al Parlamento, se refiere a la venta de la empresa Cirio-Bertolli-De Rica, una filial alimentaría privatizada por el Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) en 1993, cuando Romano Prodi entonces presidía el primer grupo estatal italiano.

La venta siguió un camino tortuoso. Primero, salió a subasta que no se realizó porque las pujas, de Unilever y Sergio Cragnotti, fueron consideradas insuficientes. El IRI vendió entonces la Cirio a un consorcio de cooperativas del sur llamado Fisvi, que, a su vez, cedió parte del. grupo -la aceitera Bertolli- a Unilever, y traspasó el resto a Cragnotti.

En la trastienda de todo el asunto, estaba la resistencia a que la Cirio pasara a manos de un grupo extranjero como Unilever por parte de empresarios italianos que presionaron al Gobierno presidido entonces por el actual ministro del Tesoro, Carlo Azeglio Ciampi. Según la fiscal, Prodi participó en las deliberaciones sobre Cirio, a pesar de que, desde 1990, era "director consultor" de Unilever.

Aplazamiento de pagos

La fiscal considera que Prodi y otros cinco consejeros de entonces del holding estatal italiano son responsables de haber aceptado el aplazamiento de pagos de Fisvi y omitido el cobro de intereses, que supusieron un "beneficio patrimonial" de cientos de millones de pesetas para la empresa adquiriente y para Unilever. También sostiene que si el propio IRI hubiera desmembrado el grupo Cirio y lo hubiera vendido por partes, habría ingresado más dinero.

El primer ministro italiano declaró el pasado mes de marzo, cuando fue interrogado en torno a este asunto, que Fisvi pagó por la Cirio mucho más de lo que hubieran pagado Unilever y Cragnotti, y añadió que la aplicación del contrato fue dejada en manos de Wasserstein Perella, un banco de negocios.

Según la actual definición del abuso de cargo público, basta que una acción no necesariamente ilegal procure al titular del cargo "o a otros un injusto beneficio" incluso no patrimonial para incurrir en este delito.

"Nadie puede poner en duda mi honestidad personal. Todos saben qué es el abuso de cargo público", dijo anoche el primer ministro Romano Prodi en Trieste al conocer la noticia, mientras manifestantes de la derecha italiana pedían su dimisión.