Las cartas sobre la mesa

Muy señor mío:El presidente de Castilla-La Mancha remitió a través de estas páginas una carta abierta al presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol. Sé que no soy quien para terciar en correspondencia ajena, pero me siento en la obligación de hacerle públicamente también unas consideraciones.

Que el presidente de Castilla-La Mancha, a pesar de su rango y de la comunidad a la que representa, tome a broma la cuestión de la financiación autonómica, llegando a invocar a santa Rita y a santa Bárbara, demuestra que algo no funciona en esta España de las autonomías.

Lamento decirlo, señor Bono, pero en su carta abierta al presidente Pujol se detectan, sin ánimo alguno de ser exhaustivo, tres notables incomprensiones u errores que resultan dolorosos para quienes aún consideramos posible una España plural y respetuosa con sus nacionalidades.

Seamos claros: a pesar de las distintas modalidades autonómicas que dibuja la Constitución, resulta obvio que al menos algunas de ellas responden a una realidad nacional previa y no a un mero experimento descentralizador o al capricho de sus líderes políticos. Y esto es una realidad política que no se puede ignorar. Si usted lo desea, señor Bono, podemos razonar a propósito de los siglos comunes de historia, a veces tortuosa, y de los muchos lazos que unen Cataluña y España; podemos coincidir incluso en la oportunidad y conveniencia de articular proyectos comunes y de sumar esfuerzos en pro del interés general, pero en cualquier caso el entendimiento sólo puede ser posible a partir de la aceptación de la pluralidad, lo cual exige reconocimiento político y no una mera tolerancia. España, señor Bono, no será menos España por aceptar que constituye un hecho plural, pero sí que será más democrática y libre si, además de garantizar los derechos de cada ciudadano, es también consciente y valedora de los derechos de sus naciones.

La cuestión de la financiación autonómica adquiere, a la luz de lo anterior, una dimensión e importancia que no se constatan en su carta. Los gobiernos autónomos han de gozar, por imperativo constitucional y por sentido común, de una financiación suficiente tanto para el desarrollo de sus objetivos como para el establecimiento de su política de ingresos y gastos.

A la incomprensión de cuanto significa realmente la financiación autonómica añade usted, a mi entender, el error de intervenir en su debate con simples criterios de oportunismo político. Nadie duda de la necesidad de consensuar un modelo de financiación decididamente estable, pero es obvio que el debate y las propuestas han de ser formuladas desde la seriedad y desde la coherencia y no exclusivamente en función de las meras coordenadas de poder en que cada político se ubique. Una propuesta consistente se defiende tanto si se está en el Gobierno como en la oposición, y no muda sólo en función de estrategias.

Es triste, por ello, constatar el cambio experimentado por algunos socialistas en materia de financiación autonómica. Más triste me resulta aún -no lo niego- que el PSOE, curtido en la experiencia de gobierno y en sentido de Estado, pueda utilizar la financiación autonómica como un instrumento de desgaste político. Hay cosas con las que sólo se juega cuando se es niño o se carece de razón.

Sabe usted cumplidamente, señor Bono, que el nuevo modelo de financiación autonómica, con sus imperfecciones, se dirige a aumentar la autonomía financiera y el grado de corresponsabilidad fiscal de las comunidades. Y todo ello sin merma alguna de la solidaridad.

La cesión del 30% del IRPF y la asunción de capacidad normativa en algunos de sus tramos no sólo es una forma de avanzar en el principio de autonomía financiera -muy en síntesis, lo que se percibe es inicialmente un mero anticipo de aquello que debería transferir luego el Gobierno central-, sino que también permite avanzar hacia mayores grados de corresponsabilidad fiscal en función del esfuerzo que cada comunidad se avenga a efectuar.

Conviene, sin embargo, efectuar algunas precisiones: la cesión de parte del IRPF fue asumida en su día por el Gobierno socialista, escandalizando al Partido Popular, algunas de cuyas comunidades amenazaron con recurrir al Tribunal Constitucional; hoy día, el escándalo corresponde por exigencias del guión al Partido Socialista, y son sus comunidades las que amenazan con el recurso a dicho tribunal.

Nada hay objetable, en principio, en que usted ofrezca al PP la posibilidad de darle apoyo en caso de avenirse a discutir un nuevo modelo de financiación, debidamente consensuado, aunque sea "sin excluir a los nacionalistas", lo que le agradezco. Pero su ofrecimiento, para, ser creíble, debería ir acompañado de algo tan elemental como una propuesta y no asentarse sólo sobre chanzas y vano populismo. Y, en cuanto al consenso, resulta ilustrativo que el apoyo que usted ofrece tenga como misión amparar al Gobierno del PP si los nacionalistas no participan en, el nuevo acuerdo. Si es así, señor Bono, ¿qué entiende usted por consenso?

Seamos serios, señor Bono, que en política no tiene por qué ser contraproducente.

Queda. una última cuestión por comentar a propósito de su carta: dice usted que jamás ha recurrido al anticatalanismo para conseguir aplausos y votos, pero ello no le impide en su mismo escrito calificar como un regalo las prestaciones del Estado a Cataluña, o aludir al hecho de que hablar catalán en la intimidad es causa de pérdida de votos. Permítame que yo, que hablo catalán en público y en la intimidad, le recuerde algunas cifras de la solidaridad de Cataluña que, como es obvio, usted conoce de primera mano. El déficit fiscal de Cataluña con el Estado (es decir, lo que recauda Cataluña menos lo que el Estado gasta en ella más la contribución al coste de los gastos generales) supera el billón de pesetas anuales; dicha magnitud equivale al 12% del PIB catalán, y a una transferencia neta por parte de cada catalán hacia el resto del Estado que oscila entre las 150.000 y las 200.000 pesetas por año. ¿Más ejemplos? Tantos como quiera: entre 1983 y 1994 el MOPU, MOPTMA o equivalente sólo invirtió unas 7.000 pesetas por habitante y año en Cataluña, menos de la mitad del promedio español como ha destacado el catedrático de Política Económica señor Ros Hombravella; nuestra red viaria era sólo el 8% de la estatal, cuando nuestro parque equivale al 18% de los vehículos, lo que comporta el 26% de los accidentes del Estado. En renta familiar disponible, Cataluña es ampliamente superada por Baleares, La Rioja, Navarra, Aragón y Madrid.

Tal vez parte del problema radique en que no hemos sabido explicar desde Cataluña cuál es el volumen e intensidad de nuestra solidaridad con el resto de España, aunque las cifras son conocidas y de dominio público o que alguno de nuestros gestos o palabras hayan sido poco afortunados; pero no es menos cierto que otra parte de culpa reside en la contumacia de algunos en no querer entender que la financiación autonómica ha de avanzar hacia mayores grados de justicia y de corresponsabilidad fiscal. Y, en definitiva, el mayor pecado de nuestros días consiste en que no se acaba de aceptar esta pluralidad de España, único mecanismo que ha de permitir, desde el respeto, hallar proyectos comunes que nos integren y no que nos separen. Pero mientras la "cuestión catalana" siga siendo una vía para la demagogia y el populismo, para el desgaste político y la división, poco podremos avanzar.

Se impone, señor Bono, la necesidad de que de una vez por todas se acepte a real a e una España plural. Todos los partidos, la sociedad en pleno, debería sentirse implicada en la necesidad de un pacto de Estado, efectivo y real, que permitiese a las distintas nacionalidades sentirse cómodas en un Estado común y compartido. Pensar lo contrario, señor Bono, o sostener que cuanto obtiene Cataluña -mucho menos de lo que da- es un regalo o que hablar en catalán significa perder votos, todo ello supone en cierto modo considerar que Cataluña sigue siendo una especie de colonia vencida, ajena a la efectiva dirección del Estado.

Dialoguemos, debatamos, pactemos, pero siempre desde la seriedad; sin chanzas, sin ironía, sin demagogia, avanzaremos más y dividiremos menos.

Muy atentamente,

Josep A. Duran i Lleida es presidente del Comité de Govern de Unió Democrática de Catalunya.