Los grandes notarios dinamitan su mutua, la única profesional que queda en España

Los 2.200 notarios que hay en España pertenecen obligatoriamente a una mutua especial, la única profesional que pervive a as últimas reformas del sector y que tiene su futuro en vilo. El Gobierno ha querido "legalizarla" en los Presupuestos de este año, pero el PSOE se ha opuesto "a perpetuar privilegios" y ha encontrado la alianza de IU y CiU. La espoleta de esta crisis tiene un origen interno. Un grupo de grandes notarios, los que más ganan, le han puesto a proa porque, según el Consejo del Notariado, son los que más aportan, mientras que todos los jubilados cobran lo mismo.

La rebelión de estos supernotarios, entre 20 y 100, según la fuente consultada, ha dinamitado la tranquilidad de un colectivo tradicionalmente "especial". Esta peculiaridad, que la mayoría reclama históricamente desde sus órganos oficiales, y que los críticos rechazan basándose en la Ley General de Seguros, es la clave de una polémica trasladada al Parlamento.El Gobierno se ha planteado regular esta mutua, "ajustada" a las nuevas leyes como Instituto de Protección Notarial, por una vía indirecta en la ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales de 1997. Al gunos partidos no entendieron sus pretensiones y en otros cobijaron las dudas. La diputada María Teresa Fernández de la Vega, ex viceministra de Justicia del último Ejecutivo socialista, bloqueó esta iniciativa en la Comisión de Presupuestos. Estaba avisada. Durante su mandato su director general de Seguros (notario) le planteó la misma operación, que ya entonces rechazó. Los partidos decidieron ayer aplazar este debate del Congreso al Senado. El Grupo Socialista entiende que los "privilegios de los notarios no se han consentido desde la Ley de Ordenación de los Seguros de 1984 y posteriormente de 1995 a ningún otro colectivo". Los registradores o los corredores de comercio, según reconoce Eduardo Cobián, su secretario general, sí han adaptado sus mutuas a verdaderas entidades aseguradoras.

Los notarios han mantenido su mutualidad porque son considerados "especiales". Las leyes que fijaron la obligatoriedad de su jubilación a los 75 años en 1935 y que la rebajaron a los 70 años en 1983 determinaron que percibirían sus pensiones -"haberes pasivos"-de su "mutualidad especial".

Los notarios no se consideran un colegio profesional, sino "funcionarios especiales". Sobre este punto también hay informes oficiales y sentencias contradictorias. Lo cierto es que el Ministerio de Justicia es el que les fija, para sus retribuciones, los aranceles que cobran a sus usuarios para organizar y sufragar sus despachos. También tasa el porcentaje que deben aportar a su mutualidad en proporción a su trabajo.

El presidente de los notarios, Antonio Fernández Dolfín, se explica: "Desde siempre el Ministerio de Trabajo nos ha impedido darnos de alta en su régimen de autónomos porque tenemos un estatus funcionarial con un sistema retributivo particular. Los registradores siempre han cobrado sus jubilaciones del Estado y los corredores nacieron con una sensibilidad distinta".

En estos años la poderosa Mutua Notarial ha multiplicado sus cargas. En parte por sus 1.500 jubilados. La pensión de un notario, casi seis millones de pesetas anuales, es el doble que lo permitido a las máximas de la Seguridad Social.

Los supernotarios disidentes han boicoteado su mutua porque no quieren que sea obligatoria. Algunos han dejado de pagar. Uno de ellos debe 100 millones de pesetas. Unos cuantos han constituido un colectivo opositor, el Foro Notarial, con foco en Barcelona y una rama en Madrid.