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El PSOE acusa al Gobierno de ceder "bajo mano" en los Presupuestos ante CiU

Anabel Díez

El portavoz socialista en la Comisión de Presupuestos, José Borrell, acusó ayer al PP y CiU de despreciar al Parlamento por negociar los Presupuestos bajo cuerda. Borrell fabuló sobre una hipotética transacción entre populares y nacionalistas catalanes: "Retiren ustedes las enmiendas a los Presupuestos, que ya les daremos lo que piden bajo mano, con un procedimiento opaco, extraparlamentario, extrapresupuestario". Al retirar la mayoría de sus enmiendas, CiU renuncia a unos 53.000 millones suplementarios, y obtiene a cambio unos 3.000 en el proyecto de ley de Presupuestos, aprobado ayer en comisión, y otros 14.000 millones extrapresupuestarios.

La irritación de los socialistas llevó a la secretaria general adjunta del grupo parlamentario, Mercedes Aroz, a plantear la posibilidad de recurrir los Presupuestos ante el Constitucional si los 14.000 millones extrapresupuestarios para Cataluña salen de las privatizaciones. Pero su compañero Jesús Caldera, secretario general del grupo, en abierta contradicción con Aroz, manifestó a este periódico que esa posibilidad, está descartada.La queja fundamental de los socialistas se basa precisamente en el ingenuo reconocimiento del portavoz de Presupuestos de CiU, Francesc Homs, de que sus peticiones van a ser satisfechas con el dinero que se obtenga de privatizaciones, además de las aportaciones de la Unión Europea y de los promotores privados que harán empresas mixtas.

Primera queja de los socialistas y de Izquierda Unida: ¿Cómo se va a controlar la ejecución de esos proyectos si se quedan fuera de los Presupuestos?

El portavoz parlamentario del PP, Fernando López Amor, quiso salir al paso con varias declaraciones de principios. Expresó su satisfacción por la "fortaleza parlamentaria del Gobierno que preside José María Aznar". Alabó a sus socios de CiU y aseguró que en la actitud de los nacionalistas catalanes no podría encontrarse un atisbo de insolidaridad, sino todo lo contrario.

Una vez cerrado el debate de los Presupuestos en comisión y sumado el dinero que CiU pedía mediante sus enmiendas dispersas en ocho secciones del proyecto, salían 56.640 millones de pesetas. Al retirar las enmiendas dejan de pedir algo más de 53.000. Conclusión de unos y de otros, esta vez unánime, CiU obtiene con luz y taquígrafos la aceptación de enmiendas de absoluto cumplimiento por valor de más de 3.000 millones.

El resto de lo que piden los nacionalistas catalanes, otros 14.000 millones, vendrá por financiación extrapresupuestaria. Borrell afirmó con toda rotundidad que "la coalición PP-CiU ha decidido un reparto territorial de, inversiones que no se atreven a hacer público". En todo caso, el portavoz popular, Fernando López Amor, advirtió que los criterios que animaban al Gobierno no eran territoriales, sino que se pensaba "en el país en su conjunto".

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Desbarajuste al votar

El barullo fue de tal calibre al retirarse las enmiendas que el PP incurrió en varios errores con el Partido Aragonés (Par) y con el PNV. El diputado peneuvista Jon Zabalia acogió con sorpresa y bien callado cómo los diputados del PP le aprobaban dos enmiendas sobre pymes y reindustrialización por valor de 6.500 millones que ni remotamente pensaba que triunfaran, si bien no sobrevivirán tras el pleno. Las enmiendas del Par aprobadas están cifradas en más de 9.000 millones.

Por otra parte, mientras la enseñanza en el territorio administrado por el Ministerio de Educación sufrirá en 1997 recortes de más de 9.000 millones, el PP presentó ayer una enmienda a los Presupuestos por la que se inyectan en la educación de Canarias 8.500 millones, informa Cruz Blanco. Esta suma procede de activos financieros en forma de remanente de tesorería del Estado y se ha canalizado a través de Educación con destino a Canarias.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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