Concierto y armonía

EL GOBIERNO ha logrado finalmente el respaldo del PNV al proyecto de Presupuestos, lo que., desde luego, no debe medirse tanto en términos cuantitativos -sus cinco votos no eran imprescindibles- como políticos: es de esperar que contribuya a cerrar una vía de conflicto que amenazaba con anegar áreas cada vez más extensas, incluyendo terrenos, como el de la política penitenciaria, que nada tienen que ver con las cuentas del Estado. Está por ver, sin embargo, el efecto que el acuerdo, que refuerza la singularidad del sistema fiscal vasco, tendrá para la estabilidad del sistema autonómico en su conjunto. La petición por parte de Pujol de equiparación del modelo de financiación de Cataluña con el concierto de los territorios forales (País Vasco y Navarra) contenía una advertencia implícita que estos días ha hecho explícita, y con escasa sutileza, el líder de Iniciativa per Catalunya, Rafael Ribó: la de considerar que si los vascos cuentan con un sistema más favorable de financiación se debe más a la incidencia de ETA que a razones históricas.Incluso si ese factor hubiera influido, es innegable que el sistema de concierto cuenta con una tradición histórica -ininterrumpida en los casos de Alava y Navarra- que era insoslayable en 1978 y que no podían invocar otros territorios. Y que al apostar por esa vía, derivada de los planteamientos foralistas, con preferencia a la de la autodeterminación, el nacionalismo vasco dio una vía de salida compatible con la normalidad constitucional, a través del Estatuto. Además, asumió ciertos riesgos: de hecho, el nacionalismo catalán se abstuvo de reivindicar un sistema de concierto por considerar que asumir la responsabilidad de la recaudación de los impuestos implicaría un fuerte desgaste político. Pero también es evidente que ese sistema favorece a los ciudadanos de los territorios forales en una medida que hace casi inevitable el surgimiento de sentimientos de emulación y agravio comparativo: los vascos y navarros disponen de una capacidad de gasto público que dobla el de las otras comunidades. De ahí la recomendación de no tensar demasiado la cuerda dirigida al PNV desde diversos medios, incluidos algunos del País Vasco. No puede decirse que esa recomendación haya sido atendida, pero tampoco parece que la resistencia encontrada en el nuevo Gobierno haya sido excesiva.

En todo caso, lo fundamental del acuerdo ya estaba rubricado en los pactos sellados en mayo. De lo que se trataba ahora era de plasmar los contenidos fiscales de aquellos pactos en el concierto económico, aprovechando que estaba pendiente la discusión de algunos aspectos del mismo para los próximos cinco anos. Las reivindicaciones del PNY se referían a tres puntos fundamentales: la ampliación de la capacidad normativa sobre el IRPF, la concertación de impuestos especiales y la tributación de no residentes. El Estatuto de Gernika atribuye al País Vasco plena capacidad para establecer su régimen tributario, aunque siempre "atendiendo a la estructura general impositiva del Estado". Las diputaciones vascas ya tenían reconocida la capacidad para modificar las desgravaciones, pero no para incidir sobre los tramos y la escala de gravámenes. Ahora se les reconoce esa capacidad, con la que ya contaba Navarra.

L a recaudación por impuestos especiales (tabaco, alcoholes y derivados del petróleo) supondrá unos ingresos de unos 130.000 millones de pesetas, que deberán reintegrarse a las arcas estatales a través del cupo, por lo que, en teoría, el efecto de la medida será neutral. Sólo en teoría, porque si se supera la recaudación estimada, el remanente quedará a disposición de las haciendas forales. La modificación negociada en relación a los no residentes hace referencia a las personas físicas o jurídicas que, teniendo su sede en el extranjero, realizan operaciones mercantiles en Euskadi. En términos de recaudación, su importancia es relativa, pero en la medida en que impide a las empresas con sede en el extranjero acogerse a las ventajas fiscales ofrecidas por el País Vasco, tiene interés económico.Como derivación natural de esos acuerdos, el PNV ha exigido también la retirada de los recursos sobre esas ventajas fiscales, incluido el presentado hace unas semanas contra la reducción de 2,5 puntos en el impuesto de sociedades.