Pujol y el resto

LA DEMOCRACIA no suprime el conflicto: sólo aspira a encauzarlo por vías pacíficas. La integración de Cataluña en el sistema de la Restauración fue el principal problema político de España a comienzos del siglo XX. Todavía sigue siendo una fuente potencial de inestabilidad, pero basta comparar su situación con la del País Vasco para concluir que el encaje de Cataluña en España está encauzado en lo fundamental; hay que relativizar, por ello, las inquietudes que suscitan algunas iniciativas del nacionalismo catalán. Pero precisamente por ello, esas iniciativas pueden ser criticadas con normalidad, sin temor a reacciones desaforadas.Pujol ha lanzado la iniciativa de modificar, a partir del 2001, el sistema de financiación de Cataluña en el sentido de equipararlo al vigente en Euskadi y Navarra. Cataluña recaudaría todos los impuestos de su territorio, con los que contribuiría en una determinada proporción pactada a los gastos generales del Estado, incluyendo un fondo de solidaridad interterritorial; el resto quedaría a disposición de Cataluña. Pujol planteó su iniciativa en el marco de una conferencia cuyo mensaje central fue el insuficiente reconocimiento de la singularidad de Cataluña en el seno de un Estado plurinacional. De entrada, cabe una objeción: de la existencia de una acusada singularidad lingüística y cultural es difícil deducir la exigencia de una nueva autonomía de concierto económico, que además puede conducir a un sistema inviable o de difícil aceptación por el resto de las comunidades autónomas.

La cuestión es seguramente otra. Muchos catalanes, y no sólo los nacionalistas, aspiran a un mayor equilibrio entre lo recaudado y lo recibido. Según algunos estudios, Cataluña contribuye con un 20% más que la media y recibe un 17% menos. Otro estudio, éste de la Generalitat, concluía que los recursos públicos disponibles por habitante fueron en 1991 de 102.000 pesetas en Cataluña, ligeramente por debajo de Andalucía, por ejemplo, y muy inferior a las 190.000 pesetas del País Vasco. El nacionalismo catalán no reivindicó, en el debate constitucional, un sistema como el vasco por considerar -eran años de fuerte crisis económica- que responsabilizarse de la recaudación implicaría un fuerte desgaste político, y que lo importante era disponer de autonomía para establecer prioridades en el gasto. La nueva iniciativa de Pujol supone, por tanto, una rectificación de fondo. Pero también de actitud. Hasta ahora había tenido especial cuidado en plantear sus reivindicaciones -como la participación en el IRPF- en términos aplicables a todas las comunidades.

La iniciativa surge en un momento en que la dinámica de los agravios comparativos se ha disparado: Rodríguez Ibarra pide un referéndum para impugnar la cesión del 30% del IRPF pactada por Aznar y Pujol, al mismo tiempo que este último sugiere la equiparación de Cataluña con el País Vasco y Navarra; pero esta última, presidida por el PP, pretende, a su vez, seguir a las diputaciones vascas en la rebaja del impuesto de sociedades. Y los vascos condicionan su pacto con el Gobierno del PP a que éste les reconozca plena capacidad normativa sobre los impuestos directos, como la que disponen los navarros..

En su conferencia, Pujol volvió a invocar a su favor la "renovada, leal y muy relevante" contribución de Cataluña a fa estabilidad política. Días antes había pedido que PP y PSOE pactaran con los nacionalismos un sistema de financiación autonómica estable, que no quedara al albur de las mayorías políticas y de las alianzas parlamentarias. Al proponer el sistema de cupo, aunque sea para dentro de cinco años, Pujol debiera explicar a qué se debe el cambio de estrategia y a la vez por qué caminos conseguirá el consenso político que le permitirá estabilizar el sistema en el futuro. En caso contrario, deberá entenderse que su propuesta se debe a cuestiones coyunturales, como es el momento precongresual en que se halla su partido, y un cierto clima de debate estratégico y de competencia en todo el campo nacionalista.

Tras marcar la trayectoria del nacionalismo en los últimos 20 años, quizás Pujol quiere evitar que sean otros quienes la definan para los próximos, aun a costa de tensar fuertemente las relaciones con el PP y con las otras autonomías y de evidenciar la fragilidad del actual sistema de financiación. Nadie debería estar más interesado en demostrar su viabilidad que los nacionalistas. Ésa es la contradicción de algunos planteamientos de Pujol. Pero no menor es la de un Rodríguez Ibarra proponiendo un referéndum extremeño: contraponer la legitimidad particular a la general es precisamente lo que quisieran los nacionalistas más radicales.