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Tribuna:LAS MEDIDAS ECONÓMICAS DEL GOBIERNO

Un esfuerzo desigual

Los autores analizan las medidas económicas y sostienen que en el mejor de los casos, se trata de una reforma regresiva e injusta.

La reciente presentación de los Presupuestos del Estado, que exigirá una reflexión más pausada, y el con unto de medidas anunciadas estos últimos meses, permiten esbozar una primera valoración de la trayectoria del nuevo Gobierno.El Gobierno tiene claro el objetivo prioritario de la política económica -asumido mayoritariamente- de cumplir con los requisitos de convergencia de la UE, que implica, fundamentalmente, la reducción del déficit público. Nada, pues, que objetar a lo que constituye un punto de partida inevitable para afrontar la superación de las dificultades de la economía española.

Pero la definición de ese objetivo debe ir acompañado de medidas coherentes que permitan su consecución de la forma más eficaz en términos colectivos posible. A Maastricht se puede llegar -aunque algunos pretendan negarlo- por distintos caminos con resultados y consecuencias también distintas para la cohesión de nuestra sociedad.

Y, es aquí, precisamente, donde surgen las discrepancias. Las medidas del Gobierno para cumplir con Maastricht no parece que sean las más adecuadas ni para alcanzar los resultados deseados, ni -y esto es lo más importante- para alcanzarlos de la forma deseada. Y no lo son porque ese objetivo debe orientar toda la actuación del Gobierno, a corto y a medio plazo, no limitándose a instrumentar acciones inconexas y contradictorias, poco meditadas, sino abordando las reformas estructurales necesarias (convergencia real) que van a exigir importantes costos y sacrificios a la colectividad. Y, para que esos sacrificios sean admisibles, se requiere el consenso y el respaldo de las más elevadas mayorías, lo que sólo es viable cuando el elevado coste social se reparte solidaria y equitativamente entre todos los ciudadanos y, en especial, deforma progresiva, atendiendo a la capacidad de pago y a las condiciones económicas del contribuyente.

Pues bien, las medidas aplicadas en los últimos meses no están orientadas en esta dirección, y configuran mayoritariamente una vía insolidaria hacia Maastricht. Puede añadirse que se trata de una vía de dudosa eficacia para la reducción del déficit público, no sólo a medio y largo plazo, sino incluso para 1998 (como consecuencia, entre otros factores, de las fórmulas correctoras que exigirá el nuevo sistema de financiación autonómica, de los avales a empresas públicas no compensados adecuadamente con cifras presupuestarias, el aumento de los pagos fiscales a cuenta de las empresas, etcétera).

Así, en materia tributaria, la esperada Reforma Fiscal se ha limitado a reducir el gravamen de las rentas del capital, como si ese fuese el primero y principal problema pendiente de la economía española. Rentas de capital que pasan a ser gravadas por un impuesto proporcional y único del 20%, al margen del impuesto sobre la renta, lo que contrasta con el gravamen de las rentas del trabajo que oscilan entre el 20% y el 56%. Aunque una menor progresividad nominal no se corresponde necesariamente con una menor progresividad real, es evidente que la medida supone un trato discriminatorio para las rentas del trabajo, al tiempo que una ruptura en toda regla de la generalidad del citado impuesto.

Esta medida que, como es obvio, favorece a unas minorías -aunque importantes- tiene, además, un efecto devastador en cuanto que cuestiona seriamente cualquier apelación posterior a un esfuerzo colectivo a soportar por todos los ciudadanos. No es razonable, por ejemplo, disminuir los gravámenes sobre las plusvalías y solicitar después 100 pesetas a los pensionistas por cada receta médica. Y difícilmente van a aceptar los funcionarios la congelación salarial cuando se ha iniciado el proceso de reforma con una reducción de impuestos a las rentas del capital, o con una regularización de balances a las empresas que, a medio plazo, supondrá un importante retroceso en los ingresos del impuesto sobre el beneficio de las sociedades.

Esta singular "reforma fiscal" se ha completado con la elevación de los impuestos indirectos sobre los alcoholes y las gasolinas y, finalmente, con el "redescubrimiento" de la TASA: en pleno dislate recaudador-, se ha anunciado la implantación de numerosas tasas sobre los más diversos productos y servicios, después rectificadas o desmentidas, sembrando el desconcierto y la desorientación entre los ciudadanos y dando la impresión de carencia de alternativas suficientemente meditadas.

Al final, el Gobierno ha optado por incluir en los Presupuestos ocho nuevas tasas, ha subido otras ocho ya existentes, y ha establecido un impuesto del 4% sobre los seguros de riesgo, con los que espera recaudar algo más de 100.000 millones. En fin, en materia de impuestos se ha renunciado a la reforma y simplificación del sistema fiscal, como se había anunciado insistentemente, y se ha limitado a reducir el gravamen sobre las plusvalías, lo que ha obligado a acudir a las tasas, o impuestos indirectos.

Así, además de elevarse la presión tributaria -contra lo anunciado electoralmente- se produce un cambio en su composición interna, creciendo más progresivamente los impuestos indirectos -los que pagan por igual todos los ciudadanos-, que lo hacen en un 8,3%, frente a los directos -se pagan según ingresos o beneficios-, que crecen un 7,1%.

- Por tanto, en el mejor de los casos, puede deducirse que se trata de una reforma regresiva e injusta, y que el esfuerzo de reducción del déficit se está centrando asimétricamente en los sectores más débiles de la sociedad, poniendo en peligro o, al menos, limitando el apoyo colectivo necesario para la consecución del objetivo final; es decir, la unión monetaria. Con otras palabras, al repartir desigual y discriminadamente el esfuerzo fiscal, se corre el riesgo evidente de generar reacciones contrarias en, las grandesmayorías que lleven al traste el cumplimiento de los objetivos.

En segundo lugar, tampoco parece consecuente con el objetivo prioritario de reducción del déficit, la aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica. Sobre todo, si se tiene en cuenta que ninguna comunidad autonómica va a resultar perjudicada -según insistentes manifestaciones de Economía y Hacienda-, por lo que es evidente que la mejora que van a experimentar, unas y otras, supondrá un coste global más elevado, dificultando la reducción del déficit. Y, por tanto, hay que decir que, en la encrucijada actual, las comunidades autónomas, lideradas por Convergencia i Unió, no han sido tampoco solidarias con el esfuerzo colectivo y se han limitado a pregonar demagógicamente medidas de austeridad para los demás, cuando vienen demostrando una cierta incapacidad para introducir criterios de racionalidad y economía en sus propios territorios.

El tercer grupo de medidas enunciadas son las relacionadas con la reforma del sector público empresarial En este campo de gran importancia también para reducir el déficit- da la impresión que la "obsesión ideológica" está centrada exclusivamente en la reducción del tamaño y de la importancia del sector público, como si de ello se generara, de forma espontánea, el impulso de la actividad del sector privado. El propio profesor Barea ha señalado en múltiples ocasiones que "el sector público empresarial en España tiene una dimensión modesta en comparación con los países de la Unión Europea, y que el problema no es de dimensión sino de las cuantiosas pérdidas que generan". Sin embargo, parece como si el "problema fuese el control y la posterior privatización de las "grandes empresas públicas rentables". En esto, sin embargo, sí que se ha sido diligente y habilidoso, pero ni Repsol, ni Telefónica, ni Endesa constituyen un tema prioritario a la hora de sanear el sector público. El verdadero problema, desde la perspectiva de Maastricht, está en la eficacia y en la eficiencia del sector público empresarial en su conjunto y, sobre todo, en la numerosa lista de empresas con pérdidas crónicas que descansas, año tras año, sobre los Presupuestos. Y, es que, una vez más, la reforma del sector público empresarial -que no la mera venta de las empresas rentables, que es lo más fácil- resulta ser una imprescindible asignatura pendiente para la mejora estructural del déficit público. Pero, nadie en el Gobierno quiere cargar con las pérdidas, como tampoco se quiere asumir otras reformas estructurales o tomar decisiones que exijan ajustes que lesionen intereses comprometidos de alguna transcendencia y, por ello, se prefiere su traslado al Parlamento.

Hasta la fecha, aquella "obsesión ideológica" sólo ha conducido a poner en marcha un confuso proceso de privatizaciones -cuyos resultados ya hemos adelantado en otros artículos anteriores- o, en otros casos, se ha limitado a realizar determinadas operaciones de maquillaje". Así, la venta de la participación del Estado en Telefónica Internacional a la propia Telefónica, que suponen unos importantes ingresos imnediatos; o la reducción del capital de Endesa que, junto al reparto del dividendo, supone unos ingresos adicionales de 200.000 millones, con lo que -sin entrar en su análisis-, al menos, se evitan, de momento, afrontar las reformas estructurales.

Esta estrategia también se ha extendido a otros gestores públicos, como ha ocurrido con Radio Televisión Española, que, en lugar de afrontar los graves problemas de gestión y de organización interna (solicitaba 277.000 millones: 157.000 de subvención y 120.000 de déficit) aumenta en 3.000 millones los gastos de personal para 1997, y anuncia un proyecto faraónico con Televisa en contradicción con todas las manifestaciones que se habían propagado sobre las televisiones públicas. Aunque el Gobierno no ha incluido esta petición en los Presupuestos, sin embargo, como la situación es la que es y va adelante, tendrá, finalmente, que articular algún otro "artificio contable". Y es que, aunque la doctrina oficial reza que "el Estado no está dispuesto a asumir créditos de empresas y organismos públicos" también añade que "otorgará avales" hasta los 525.000 millones, avales que significan -como se ha afirmado- "deuda retrasada y encarecida". Y es que a Maastricht se llega mal dando un paso adelante y dos atrás, desconcertando y "desilusionando al personal".

Juan Muñoz y Santiago Roldán son catedráticos de Economía Aplicada y Ángel Serrano es abogado y economista.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 4 de octubre de 1996

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