Que se aclaren

ESPAÑA ES el país de la Unión Europea que más gasta en medicamentos por cada afiliado a la Seguridad Social y es también el que destina un mayor porcentaje de su presupuesto sanitario a farmacia: el 25% (800.000 millones). Ante estas cifras, pocos discuten que la supervivencia del sistema público de salud depende en gran medida de la contención del gasto farmacéutico. Pero no parece que los actuales responsables de Sanidad tengan las ideas muy claras sobre cómo encarar el problema. A menos de dos semanas de la presentación. en el Congreso del proyecto de Presupuestos, las medidas que se anuncian en este capítulo siguen siendo confusas y contradictorias. En alguna ocasión más parecía que se lanzaban hipótesis un poco a boleo para medir el grado de resistencia (fe la opinión pública, para retirarlas luego en caso de rechazo severo. Pero es difícil encontrar fórmulas de ahorro de gasto público que no lo provoquen.- El récord de la ida y vuelta más rotunda y rápida lo han establecido estos días el ministro de Sanidad y su subsecretario. El primero anunció, o eso se le entendió, que se iba a ampliar la lista de medicamentos que la Seguridad Social no paga por su "menor relevancia terapéutica". Es decir, una extensión del medicamentazo tan denostado por el PP cuando estaba en la oposición. A esa medida se añadían otras dos: la potenciación del uso de fármacos genéricos y la fijación de un precio de referencia cuando existen varias marcas comerciales de un mismo medicamento, de forma que la Seguridad Social pagaría sólo por el producto más barato de la gama.

Apenas veinticuatro horas después, el ministerio desmentía, por boca del subsecretario, que fuera a producirse una ampliación del medicamentazo. Es cierto que hubiera constituido una muestra suprema de incoherencia política, ya que en este caso no se podía argumentar que se tratara de un cambio de programa exigido por los socios nacionalistas. Seguramente la causa hay que buscarla en el sentido del ridículo de algunos dirigentes del PP, cuyas campanudas críticas de ayer han sido reproducidas estos días de manera profusa. Y así, todo ha quedado en que el Gobierno del PP se contentará con aplicar con todo rigor el medicamentazo socialista.

En cualquier caso, las otras dos medidas anunciadas por el ministro de Sanidad con vistas a contener el gasto sanitario son razonables y no pueden ser calificadas en modo alguno de antisociales. El fomento del uso de medicamentos genéricos podría suponer un sustancial ahorro para las arcas de la Seguridad Social. Algunos lo han cifrado, seguramente con excesivo optimismo, en cientos de miles de millones. En la misma línea se inscribe el propósito de establecer una lista de precios de referencia, de forma que en cada familia de medicamentos se abone concargo a la Seguridad Social el importe que corresponda al más barato y el paciente pague la diferencia si adquiere un producto más caro.

La implantación de este tipo de medidas origina siempre fuertes resistencias de la poderosa industria farmacéutica, pero a menudo también de los propios médicos. En general, ambos colectivos niegan la equivalencia absoluta de diferentes fármacos, por mucho que sus principios activos básicos sean los mismos. Pero un cliente del sector farmacéutico tan formidable como la Sanidad pública tiene que. estar en condiciones de imponer a la industria medidas tan razonables como éstas. En todo caso, su aplicación requiere la colaboración de los médicos, y seguramente era con sus representantes con quienes el ministerio debió hablar en primera instancia. Frente. al. tan criticado recetazo -cobro de una tasa por receta sin excluir a los pensionistas-, que finalmente se ha sacado de los Presupuestos, estas otras medidas van en la dirección correcta, por mucho que de entrada tampoco sean muy populares.