La financiación de la sanidad separa a CiU del Gobierno en la primera negociación presupuestaria

Primero saldar las deudas del pasado y cumplir los pactos y, después, el apoyo a los Presupuestos. Con esta idea vinieron ayer a Madrid en representación de CiU, Maciá Alavedra, Eduard Rius, Joaquim Molins y Francesc Homs, para llevar a cabo con el Ministerio de Economía y Hacienda la primera negociación formal. CiU pone como condiciones para dar su apoyo a los Presupuestos que se salde la deuda de la sanidad desde el año 1994, que no haya un recorte en esta partida para 1997 y que el nuevo sistema de financiación autonómica le satisfaga. Ayer no hubo acuerdos, aunque "seguiremos hablando". CiU advirtió que su respaldo es "absolutamente necesario" para el Gobierno.

Las explicaciones no fueron tajantes pero CiU ha comenzado a calentar motores de cara a la negociación de los Presupuestos de 1997, calificados de "difíciles" y decisivos para que España esté o no entre los países que accedan a la moneda única europea en 1999. El Ministerio de Economía no quería que las reuniones de ayer trascendieran pero CiU consideró, al contrario, que "debemos expresar nuestras opiniones", según dijo el consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat catalana, Maciá Alavedra.Alavedra, acompañado del consejero de Sanidad, Eduard Rius, se reunió con el secretario de Estado de Presupuestos, José Folgado y, después, con el de Hacienda, Juan Costa. En paralelo, el presidente del grupo parlamentario de CiU, Joaquim Molins, acompañado del diputado Francesc Homs, celebraba encuentros con los dos secretarios de Estado. Estas reuniones, las primeras que superan la categoría de conversaciones para pasar a calificarse de negociaciones, preceden a la que, probablemente en los próximos días, mantendrá el presidente del Gobierno, José María Aznar, con el de la Generalitat catalana, Jordi Pujol.

El horizonte son los Presupuestos que deberán aprobarse antes del próximo 30 de septiembre, pero CiU, vino ayer a Madrid a poner una serie de condiciones. La primera hace referencia a uno de los puntos del pacto de investidura PP- CiU sobre la financiación de la sanidad. Cataluña reclama al Gobierno la cantidad de 60.000 millones de pesetas de deuda acumulada hasta 1995 por dotaciones presupuestarias insuficientes. Exige, además, que el presupuesto de sanidad no se recorte el año que viene.

Al respecto, ningún representante del Gobierno ha señalado la posibilidad de tal recorte, si bien las declaraciones de los dirigentes de CiU indican que puede producirse. Ello supondría, por parte del Gobierno del PP, romper el compromiso alcanzado por el Ejecutivo del PSOE con las autonomías en el año 1994, según el cual el presupuesto de sanidad debe aumentar cada año igual que el PIB nominal (crecimiento de la economía más la inflación). También supone resituar el pacto PP-CiU sobre un nuevo sistema de financiación de la sanidad que "atienda a la insuficiencia de recursos".Maciá Alvedra, tras su encuentro con José Folgado, dejó ayer muy claro que éstas son reivindicaciones clave para la aprobación por parte de CiU de los Presupuestos del año que viene. "Tenernos la voluntad efectiva de que haya un acuerdo, pero nuestra insistencia en el tema de la sanidad es muy, grande". Añadió, que "no hay conclusión de momento y no podemos hablar de acuerdo, pero comprendemos la posición del Ministerio de Economía y seguiremos hablando".

Alavedra puntualizó que CiU no defiende al respecto "intereses particulares" sino "españoles" y recordó que el apoyo de su grupo parlamentario es "absolutamente necesario" para el Gobierno en la aprobación de los Presupuestos del año que viene. Ese apoyo es "necesario", aunque no suficiente, ya que el Gobierno del PP necesitará, además, el respaldo de los cuatro diputados de Coalición Canaria, como mínimo, aunque también intentará recabar el de los nacionalistas vascos.

La nueva financiación autonómica es el otro asunto paralelo a los Presupuestos que CiU quiere amarrar antes de dar el sí. El próximo 16 de septiembre está prevista una nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que las autonomías deben presentar sus observaciones a la propuesta del Gobierno.