899 nuevos casos de desaparecidos en el Chile de Pinochet

Una comisión independiente entregó ayer al Gobierno chileno un informe con 899 nuevos casos de muertos y detenidos desaparecidos durante la dictadura del general Augusto Pinochet, lo que eleva a 3.197 personas la cantidad de víctimas fatales de la violencia política entre septiembre de 1973 y marzo de 1990. En Argentina, entre 1976 y 1983, desaparecieron 10.000 personas según la comisión Sabato. Otras fuentes, en cambio, hablan de 30.000.[Pinochet, que se reservó el mando vitalicio de las Fuerzas Armadas, aseguró ayer, en un acto militar, que "dada la singular posición geoestratégica" de Chile, "existen amenazas para los intereses del país que exigen el fortalecimiento y la modernización de sus Fuerzas Armadas". Lo que se interpreta como una velada amenaza. Hace años, el ex dictador advirtió al poder civil: "Si me tocan un sólo hombre, se acaba el estado de Derecho".]

Del total de víctimas de la dictadura, 1.102 son personas detenidas por los servicios de seguridad o fuerzas armadas y después desaparecidas, y 2.095 muertas, la mayoría en ejecuciones ilegales y torturas. Con el informe, elaborado durante cuatro años por la corporación de reparación y reconciliación como complemento de un trabajo de una comisión anterior, entregado en 1992, se cierra la labor de investigación histórica del Estado sobre el número de muertos y desaparecidos.

El informe, de 583 páginas, está dirigido al presidente Eduardo Frei, quien asistió ayer a la ceremonia de entrega.

La corporación, formada por un consejo de juristas y expertos de diferentes tendencias, propuesto por Frei por acuerdo del Senado, investigó 2.188 denuncias de atropellos a los derechos humanos y de víctimas de la violencia política con resultado de muerte. De éstas, 988 eran casos sobre los cuales la comisión anterior (conocida como Comisión Rettig) no logró tener una absoluta convicción, y los restantes 1.200, denuncias formuladas a la corporación.

El consejo de la corporación acogió 899 de las denuncias, la mayoría de forma unánime. La mayor proporción de los casos se encuentran concentrados entre 1973 y 1975, y, muchos, corresponden a crímenes de personas que no ocupaban cargos.

El Estado entregará una reparación económica a los parientes de las víctimas. La entrega del informe no pondrá fin a la corporación, que todavía tiene una misión: la determinación del paradero y las circunstancias de la desaparición y muerte de detenidos y desaparecidos.