'Posmedicamentazo'

AHORA YA sabe el PP que gobernar supone elegir, es decir, optar entre molestar a unos o a otros, o a todos a la vez, pero con diferente intensidad. Las medidas que el ministerio correspondiente ha sometido a discusión con vistas a contener el gasto sanitario dan motivos de enfado a diferentes sectores, pero hay una cierta inclinación a concentrar la carga sobre los usuarios, y especialmente sobre los sectores más desprotegidos. Eso no significa que todas las propuestas puedan ser despachadas sin más como antisociales, porque es cierto que el crecimiento del gasto sanitario de los últimos años es incompatible con el objetivo de reducción del déficit. Y que el mantenimiento de éste es incompatible no ya con la sanidad gratuita, sino con el Estado del bienestar.Las medidas puestas a consideración son de tres tipos: las destinadas a aumentar las aportaciones de los usuarios, las relativas a la fiscalidad y las especialmente orientadas a reducir el coste farmacéutico soportado por la Seguridad Social. Los usuarios, se sugiere, pagarán unas tasas de entre 100 y 600 pesetas por acto médico (según se trate de consulta normal, domiciliaria, hospitalaria, etcétera). También abonarán 100 pesetas por receta. Con ello se busca reducir Ias consultas innecesarias, pero el efecto disuasorio sólo es efectivo para las capas más desfavorecidas de la población. Ello podría tener efectos perversos: que personas que necesitan atención dejasen de acudir al ambulatorio por ese pequeño factor disuasorio, mientras que, siendo pequeño, no afectaría a personas con mayor poder adquisitivo que realmente acudieran sin necesitarlo. Los defensores de la sanidad pública señalan también los límites de la medida desde el punto de vista del ahorro, ya que la gestión de esas tasas genera gastos administrativos en los centros sanitarios que pueden suponer, aseguran, hasta el 60% de lo recaudado por esa vía. Además de complicar esa gestión justo cuando se intenta simplificarla.

La principal medida planteada en el terreno fiscal es la supresión de las deducciones por gastos médicos del impuesto de la renta. Pero hacerlo equivale a subir los impuestos: lo contrario a lo que el PP se comprometió a hacer. No sólo eso: en mayo del año pasado, en vísperas de las elecciones municipales, la cuestión fue expresamente planteada y dio ocasión a una agitada polémica. Los dirigentes del PP no sólo negaron que pensasen suprimir las deducciones (se habló concretamente de las de vivienda y enfermedad), sino que defendieron la conveniencia de aumentarlas.

El gasto farmacéutico es el que ofrece más posibilidades de intervención. De entrada, es el capítulo más preocupante, porque en apenas cinco años ha pasado de suponer para las arcas públicas un coste de medio billón a más de 900.000 millones de pesetas: casi el 25% del gasto sanitario total. El actual clima político favorece medidas que no corran el riesgo de ser denunciadas por la oposición en términos demagógicos, como ocurrió (tras el ridículo rótulo del medicamentazo) cuando el anterior Gobierno planteó un primer intento de racionalización del gasto farmacéutico, liberando a la Seguridad Social del pago de 740 especialidades destinadas a síntomas triviales. El amplio margen comercial de la industria farmacéutica ha permitido ya un acuerdo por el que los laboratorios se comprometen a reintegrar a la Seguridad Social una parte de los beneficios adicionales resultantes de un aumento del gasto público en medicamentos por encima del 2,6%. Ello demuestra que hay otras posibilidades además de la obvia de aumentar el porcentaje sobre el precio de venta que paga el usuario, que es ahora del 40% y que el Gobierno quiere aumentar al 45%.