La oposición exige que no bajen las cotizaciones sociales durante la vigencia del Pacto de Toledo

Los partidos políticos no quieren descubrir todavía sus cartas sobre el desarrollo del Pacto de Toledo. En la reunión de ayer de la ponencia parlamentaria apenas profundizaron en la valoración de las propuestas del Gobierno. Todos ellos pidieron conocer a qué colectivos afectará la reforma de las pensiones y el ahorro de cada medida concreta. En una primera valoración del Gobierno se prevé un ahorro anual de 70.000 millones cuando todas las medidas estén aplicadas. IU-IC y los sindicatos se oponen a que bajen las cotizaciones sociales antes del 2000, periodo de vigencia del pacto. El PSOE sólo aceptaría una rebaja con una financiación alternativa: una contribución social generalizada.

El método de diálogo elegido para desarrollar el Pacto de Toledo no está facilitando que e proceso avance. La constitución de una ponencia parlamentaria -una subcomisión en el seno de la Comisión de Presupuestos- hace que cada encuentro se convierta en una sucesión de discursos sin que cada parte descubra sus propuestas. A ello se añade el diálogo paralelo con la patronal y los sindicatos y el interés de todos los negociadores en que no haya interferencias entre los dos foros que dificulten aún más el debate.De hecho ayer, en la ponencia parlamentaria, se produjeron pocos avances y la próxima reunión se ha fijado para el 4 de septiembre. Todos los partidos pidieron al secretario de Estado de Seguridad Social, Juan Carlos Aparicio, que el Gobierno les envíe documentación detallada sobre el impacto que tendrá la reforma de las futuras pensiones en cada colectivo, así como el impacto económico y el ahorro que producirá cada una de las 15 recomendaciones del Pacto de Toledo.

Prudencia

Esta petición fue presentada por el diputado socialista José Antonio Griñán y por los representantes de Convergència i Unió y el PNV. También lo hizo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a través de sus diputados Pedro Vaquero y Joan Saura. Los miembros de esta coalición hicieron ayer gala de una gran prudencia. Vaquero afirmó: "Queremos ser cautos porque alarmar a los ciudadanos no es el mejor método" y aseguró que su grupo no tiene datos rigurosos para afirmar si habrá un impacto negativo. Él sospecha que puede haber una repercusión importante de la recomendación novena, que prevé ampliar de ocho a 15 años el periodo de cálculo de las pensiones, así como en la modificación del peso de los años cotizados para calcular la prestación.

IU-IC fue la fuerza política que más detalló sus posiciones y avanzó que está "rotundamente en contra" de incentivar el retraso en la edad de jubilación y de penalizar la jubilación anticipada.

El secretario de Estado de Seguridad Social precisó a la salida de la reunión que se quiere hacer una clara diferenciación entre las jubilaciones anticipadas forzosas y las voluntarias. Sobre las segundas es en las que se quiere aplicar medidas desincentivadoras, mediante la reducción de las cuantías de las pensiones de quienes se jubilen antes de los 65 años. En cuanto a las jubilaciones anticipadas forzosas, Juan Carlos Aparicio aseguró que quieren ser muy cuidadosos con quienes se ven obligados a retirarse anticipadamente. Para ello estudian otras herramientas "con participación pública y privada". Es decir, que las empresas paguen el coste adicional de esas jubilaciones forzosas cuando sea a propuesta suya y que el Estado sea el que aporte el sobrecoste para la Seguridad Social en los casos de recoversiones de empresas o sectores.