El Gobierno retirará las subvenciones a las empresas con deudas a la Seguridad Social

El Gobierno retirará las subvenciones a las empresas públicas y privadas que no estén al corriente en el pago de sus cotizaciones a la seguridad Social. Esa es una de las medidas del paquete contra el fraude y la morosidad a Hacienda y a la Seguridad Social que aprobará un próximo Consejo de Ministros. Uno de los principales objetivos es prevenir el fraude fiscal y el afloramiento de rentas ocultas y de economía sumergida. El plan recoge, asimismo, mayores controles en las pensiones de invalidez y una conexión con el Registro Civil para conocer en tiempo real el fallecimiento de titulares de pensiones.

El paquete de medidas que prepara el Gobierno tiene dos frentes claros: Hacienda y Seguridad Social. En este: campo el objetivo es reforzar los controles en las prestaciones que pagan la Seguridad Social y el Inem. Ayer, el ministro de Trabajo, Javier Arenas, manifestó que, sólo en este terreno, habría 25 medidas. El secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, adelantó que en total serían unas 100. Gran parte de ellas consisten en hacer más dura la actual legislación.Trabajo contempla, entre las medidas que le afectan, retirar las subvenciones a las empresas que se retrasen en sus pagos a la Seguridad Social. Una amenaza que es importante cuando, al mismo tiempo, se están anunciando medidas de apoyo a la inversión o a la creación de puestos de trabajo.

Para combatir la morosidad a -1,3 billones de pesetas, según las cifras actuales-, el Gobierno baraja descontar las deudas de las transferencias que realiza a los ayuntamientos y comunidades autónomas son pagos pendientes -en total 300.000 millones de pesetas-. Esa actuación se quiere abordar en el diálogo que se va a abrir con las administraciones locales, y autonómicas. La morosidad se considera a partir de los tres meses. Cuando la Seguridad Social considera que son fallidos decide embargar bienes.

Otra de las actuaciones de la Seguridad Social consistirá en establecer una conexión en tiempo real entre, el Registro Civil y la Seguridad Social, para que ésta conozca de inmediato los fallecimientos de titulares de pensiones y pueda dar de baja el pago de la prestación. Ahora el sistema público está a expensas de que los familiares comuniquen la muerte de un pensionista y no tiene a su disposición esa información que sí es conocida por otros ámbitos de la Administración.

Estrecha vigilancia

Para las pensiones de invalidez se van a reforzar los controles médicos a través de una vigilancia puntual de los beneficiarios que reciben esas prestaciones que tienen origen en un problema sanitario con el objetivo de comprobar que esa situación de incapacidad laboral se mantiene.Asimismo, habrá un seguimiento estrecho de los titulares de prestaciones que están relacionadas con un bajo nivel de rentas, como las ayudas familiares y las pensiones no contributivas. En este caso, al igual que en el anterior, habrá una tarea inspectora para comprobar si persiste la carencia de rentas que dio lugar al reconocimiento del derecho. En ese sentido, es muy posible que Trabajo tenga que reforzar su plantilla de inspectores y controladores.

Otro grupo de medidas está relacionado con las prestaciones del Inem y al control del gasto en desempleo. El Gobierno va a reforzar aún más los vínculos entre el cobro del seguro de paro y la asistencia a cursos de formación ocupacional impartidos por el instituto. A los perceptores del seguro de paro que rechacen la participación en esos cursos se les puede retirar el cobro de la prestación. También se quedarán sin seguro de paro quienes no acepten ofertas adecuadas de empleo.

Estas medidas serán estudiadas mañana por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y si el presidente Aznar lo considera oportuno, las aprobaremos en el Consejo de Ministros del viernes", señaló ayer el ministro el Trabajo tras entrevistarse en Barcelona con el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, informa Josep Maria Cortés.

A estas medidas se unirán tras de carácter fiscal, adelantadas por Rodrigo Rato, entre las que destacan: la comprobación el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales del IVA, un seguimiento de los contribuyentes del IRPF que tributan por el régimen de estimación objetiva, la creación de unidades para luchar contra la economía emergida, el control de los paraísos fiscales o un plan para vigilar la utilización de la actualización de balances.