PP y Vox apoyarán en el Congreso prohibir el burka y el niqab en espacios públicos

El PP y Vox no solo compiten por el voto del campo a las puertas de la próxima cita electoral del 15 de marzo en Castilla y León. La derecha tradicional y la ultraderecha también lo hacen por abanderar la prohibición en los espacios públicos del burka y el niqab, dos atuendos femeninos originarios de Afganistán y el golfo Pérsico que en el primer caso oculta todo el cuerpo de la mujer y en el segundo solo deja al descubierto los ojos, un debate que el partido de Santiago Abascal llevará este martes al Congreso de los Diputados. El pleno de la Cámara debatirá la toma en consideración de una proposición de ley orgánica para la prohibición de su uso incluidos los “lugares privados con proyección a un espacio o uso público”. La medida no afecta al hiyab o velo islámico, una prenda de vestir y seña de identidad religiosa que solo cubre el pelo y el cuello.

La portavoz del PP en la Cámara Baja, Ester Muñoz, confirmó este domingo que su formación votará a favor de la iniciativa. “Tenemos que fijarnos en las cuestiones que nos unen [con Vox]”, ha sostenido. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, puso como ejemplo de una propuesta atractiva de Vox “el respeto a la dignidad de las personas en el tema del burka” en una entrevista este domingo en El Mundo.

La propuesta de Vox “para la protección de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana en el espacio público” justifica en la exposición de motivos que “la llegada masiva de inmigrantes de países con fuerte influencia islamista” plantea la cuestión de cómo deben actuar los poderes públicos frente a quienes “pretenden imponer las costumbres islamistas en el espacio público”. “Una falsa noción de tolerancia podría conducir a permitir la progresiva normalización de hábitos como la circulación masiva de personas con el rostro cubierto, pero ello supondría admitir como corriente una costumbre que es sencillamente incompatible con el modo de vida de nuestra civilización, además de entrañar graves peligros para la seguridad ciudadana”, se alega.

El texto defiende las penas de prisión de un año y seis meses a tres años para quienes impongan “mediante violencia, intimidación o cualquier forma de coacción, el uso de los velos denominados niqab y burka”. Y añade que si “la víctima” se encuentra “en una situación de especial vulnerabilidad” por enfermedad, discapacidad o ser menor de edad, el responsable será castigado con una pena de cárcel de dos años y seis meses a cuatro años.

La proposición promueve además la modificación de las leyes de protección de la seguridad ciudadana y sobre derechos y libertades de los extranjeros en España con el propósito de que lor originarios de otros países que realicen conductas tipificadas como muy graves puedan ser expulsados de España “previa la tramitación del correspondiente expediente administrativo y mediante la resolución motivada que valore los hechos que configuran la infracción”. El partido ultra, que anunció en noviembre la proposición para debatir en las Cortes la prohibición del velo integral, pretende modificar la ley de Seguridad Ciudadana para castigar con hasta 600 euros el uso del niqab o el burka en espacios públicos, así como la imposición del mismo por parte de los padres o tutores de una menor. La reincidencia en esta infracción podría ser sancionada con hasta 30.000 euros de multa.

El PP ya incluyó en la ponencia política de su Congreso Nacional del pasado verano el rechazo al burka y el niqab. “Ninguna tradición ni creencia puede justificar prácticas que invisibilizan u oprimen a la mujer. El uso del burka o el niqab suponen una negación simbólica y práctica de su libertad y colisionan con principios superiores como la seguridad. Frente a esto, reivindicamos los valores de dignidad, autonomía y plena participación de la mujer en el espacio público, principios esenciales de nuestra democracia”, recogían los populares. En esa línea, el Parlamento de Baleares, comunidad que el PP gobierna en minoría, aprobó a principios de febrero una proposición no de ley para instar al Gobierno central a prohibir el uso del burka en espacios públicos. La iniciativa contó con el visto bueno del PP y de Vox y la negativa del PSOE y otros partidos de izquierda.

La rivalidad entre los distintos partidos de la derecha para distinguirse en su alerta de una supuesta islamización de la sociedad no es nueva. Vox generó una gran polémica el verano pasado con un cartel propagandístico en El Ejido en el que aparecía la pregunta “¿Qué Almería quieres?” junto a dos imágenes, una mujer con burka con los logos del PP y del PSOE y otra de una joven con camiseta de tirantes y el cabello suelto con el logo de la formación de ultraderecha. Vox justificó la equiparación de PP y PSOE porque votaron a favor de la tramitación de la regularización de medio millón de inmigrantes, una posición que el PP ya no comparte.

La campaña se produjo después de los disturbios de Torre Pacheco, donde grupos de hombres de fuera de la localidad murciana acudieron llamados a una “cacería” de inmigrantes magrebíes que, en realidad, llevaban tres décadas viviendo en el pueblo y que en el caso de sus descendientes también tenían la nacionalidad española.

El debate en el Congreso obligará también a Junts a posicionarse en pleno auge de Aliança Catalana, que podría superarle como segunda fuerza en Cataluña con un discurso islamófobo e independentista. La ejecutiva neoconvergente aprobó el pasado mayo la posición en contra del burka y el niqab y también contra el uso de cualquier tipo de velo por parte de menores en espacios públicos de formación obligatoria, ya fuese en escuelas como en actividades extraescolares y extradeportivas. Si Junts vota a favor, la proposición de ley será tomada en consideración, aunque su trámite posterior dependerá de la Mesa de la Cámara, donde la izquierda tiene mayoría.