Condenar a los médicos de Oviedo por aborto crearía inseguridad jurídica, dice Almeida

Cuatro años de prisión, 10 de inhabilitación y cinco millones de multa pidió ayer la Fiscalía de Oviedo para tres médicos por un aborto practicado, acogiéndose a uno de los tres supuestos legales. En la Audiencia Provincial se manifestaron decenas de personas en apoyo de los procesados: un psiquiatra y dos ginecólogos de la clínica Buenavista. Los concentrados exigieron aborto libre y gratuito. La diputada Cristina Almeida y la concejala del Ayuntamiento de Madrid, Marisa Castro, advirtieron que la condena crearía una "situación de inseguridad jurídica".

El juicio quedó ayer visto para sentencia, después de que el fiscal solicitara cuatro años de prisión, cinco millones de multa y 10 años de inhabilitación especial para cada uno de los tres facultativos procesados.La acusación sostiene que los tres médicos, la psiquiatra Enma Jiménez, el ginecólogo y director de la clínica, Eugenio Civieta, y el también ginecólogo Antonio Martín, simularon las condiciones que concurrían en la gestante, L. P. P., de 43 años, vecina, de Lugo y madre de dos hijos de 14 y 12 años de edad, para aparentar que el aborto practicado se encuadraba en uno de los supuestos permitidos por la ley: grave riesgo para la salud psíquica de la mujer. La intervención se produjo en 1994 y la mujer llevaba 20 semanas de gestación.

El fiscal basa su petición en el informe de un forense que examinó a la mujer con posterioridad al aborto, una vez que, por complicaciones posoperatorias, hubo de ser asistida en un hospital de la Seguridad Social.

La diputada de Izquierda Unida y abogada Cristina Almeida, declaró que una sentencia condenatoria para los facultativos creará una situación de inseguridad jurídica, en la medida en que unos médicos puedan cuestionar los informes previos de otros colegas: "Revisar los criterios de unos profesionales y pensar que otros están en posesión de la verdad es una inseguridad jurídica que no se puede permitir en un estado de derecho".

"La ley no dice qué médicos pueden hacer los infórmes", añadió Cristina Almeida, "y, por lo tanto, no hay ningún médico más listo que pueda revisar los informes de los demás. Y si lo permitimos, dejaremos en una situación de inseguridad jurídica a las mujeres, a los médicos y al personal de las clínicas".

"Ni un solo paso atrás"

Varias decenas de feministas, frente a la Audiencia, corearon la petición: "Aborto libre y gratuito". La concejala del Ayuntamiento de Madrid por Izquierda Unida y directora de la clínica Isadora, Marisa Castro, manifestó al respecto que "es inaudito que un médico forense que no ha visto a una paciente se permita el lujo de cuestionar el dictamen de un psiquiatra que sí la atendió cuando estaba embarazada, es decir, cuando existía la causa que propiciaba el aborto".Castro hizo una advertencia a jueces y gobernantes: "Queremos dejarle claro al poder judicial y al Partido Popular que las mujeres no vamos a dar ni un solo paso atrás en materia de libertades. Todo lo que hemos conseguido es nuestro, porque nos lo hemos ganado luchando". Respecto a la responsabilidad de las clínicas donde se practican abortos, Castro señaló: "Las clínicas no cazamos a las mujeres a lazo para que vengan".

La Coordinadora de Organizaciones Feministas del Estado Español ha pedido en un comunicado el sobreseimiento del proceso y el indulto de los acusados, y manifesta su "indignación por el juicio". Según las feministas, "se trata del primer caso en el que un forense pone en cuestión la corrección del diagnóstico emitido por la psiquiatra, que indicaba la necesidad de la interrupción del embarazo, uno de los supuestos despenalizados por la ley y aquél al que se acoge el 95% de las mujeres que abortan legalmente en nuestro país". La Coordinadora "exige una vez más que la legalidad vigente se modifique para contemplar el derecho de las mujeres a abortar libre y gratuitamente en la Red Sanitaria Pública".